a primera jornada del juicio oral y público por el denominado “Escándalo Glisud” se redujo ayer a la lectura completa de la acusación fiscal y al desarrollo de los pedidos de nulidad realizado por los abogados defensores de los seis imputados, que recién serán resueltos hoy a partir de las 9.30 por el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia.
La instancia que se produjo dentro de las llamadas “cuestiones preliminares” es clave, porque si los jueces hicieran lugar a alguno de los planteos, la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio impediría continuar con el proceso, mientras que si los pedidos son rechazados, el debate continuará normalmente con las declaraciones indagatorias y los primeros testimonios.
El caso que investiga el accionar de la empresa Glisud SA, cuyos integrantes están acusados de orquestar una maniobra ilícita para quedarse con créditos hipotecarios del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, en connivencia con funcionarios manfredottistas, comenzó a ventilarse pasadas las 9.30 después de 15 años de investigaciones fallidas.
Las primeras dos horas se tornaron engorrosas porque el fiscal Eduardo Urquiza leyó íntegro el requerimiento de elevación a juicio luego de que el abogado Francisco Ibarra, defensor del ex presidente del Fondo Residual Gustavo García Casanovas y del ex secretario del organismo Néstor Sierra, se negó a que se efectuara un resumen de la acusación.
La negativa de Ibarra no fue un capricho sino que obedeció a una estrategia del letrado, quien después fundamentó extensamente las supuestas irregularidades, omisiones y contradicciones del requerimiento realizado en su momento por la ex fiscal Marcela Bragulat.
El abogado Diego Cruz Estevarena, defensor del presidente de Glisud, Enrique Pinto y del apoderado Francisco Grondona, también recordó que existen pendientes de resolución dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia, donde se plantea la presunta prescripción de los delitos y la recusación de los jueces por no haber hecho lugar a una serie de medidas probatorias en la etapa anterior al juicio.
Por su parte el abogado Fernando Ibarra, defensor de Eduardo Filosa, y el defensor público Juan Carlos Nuñez, abogado de la apoderada de Glisud Graciela D´adamo, también acompañaron las solicitudes de nulidad del requerimiento fiscal y cuestionaron la calidad de querellante de Abel Zanarello, uno de los presuntos damnificados por las maniobras de Glisud que es representado en el juicio por el abogado Félix Santamaría.
A su turno, el presidente de la audiencia, Maximiliano García Arpón, le corrió vista al fiscal Urquiza, a Santamaría y al abogado querellante por el Fondo Residual, Martín Muñoz, para que contestaran los pedidos de nulidad, y después de ello el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para resolver los planteos.
La acusación
La extensa acusación fiscal dio por demostrada una “connivencia dolosa” entre los acusados tendiente a “beneficiar a Glisud” y “perjudicar al Estado y obligar abusivamente al Fondo Residual”, a través de la maniobra perpetrada en el concurso público que el organismo realizó el 30 de diciembre de 2002, para adjudicar tres créditos hipotecarios a cambio de una oferta de 1,4 millones de pesos en bonos defaulteados tomados a valor nominal.
El fiscal Urquiza sostuvo que para ello se presentó una “oferta falsa” que fue confeccionada “dentro de las instalaciones del propio Fondo Residual”, y que correspondía a una empresa “constituida poco antes de los hechos”, entre otras irregularidades como “la falta del depósito de una garantía”.
El Ministerio Público acusó a los imputados del delito de “defraudación por administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”, y en el caso de las autoridades “en concurso ideal con incumplimiento de sus deberes”.
Las nulidades
El abogado Francisco Ibarra, en representación de García Casanovas y Sierra, fue quien desarrolló con más detenimiento las presuntas nulidades cometidas en la acusación fiscal.
El letrado planteó la falta de “certeza y precisión” del requerimiento fiscal, y señaló una serie de supuestas contradicciones en su contenido.
Por ejemplo mencionó que en la acusación figura el uso de títulos públicos tomados a valor nominal y afectados por el default del 2001, cuando el juez de instrucción en un fallo aceptado por las partes determinó que esa utilización estaba ajustada a las normas.
También marcó que el requerimiento no establece con claridad quienes fueron los damnificados concretos de las maniobras (si el Fondo, si el Estado provincial, si los participantes del concurso de precios que no ganaron o los titulares de los créditos hipotecarios) y habló además de la “falta de congruencia” acusatoria, porque los imputados fueron acusados por hechos (como la falsificación de documentos) por los que “nunca fueron indagados”, dijo.
La fiscalía y las querellas replicaron que esas cuestiones resultaban “extemporáneas” y que ya habían sido resueltas en instancias anteriores.
