a denuncia penal presentada por el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, contra directivos del Instituto Provincial de Enseñanza Superior (IPES) Florentino Ameghino está siendo analizada por la Fiscalía de turno con vistas a decidir si se efectúa un requerimiento de instrucción, informaron ayer fuentes judiciales.
La presentación realizada el martes por Romero, a instancias de la secretaria Legal y Técnica del Gobierno, Gimena Vitali, recayó por un tema de subrogancias en el fiscal de Ushuaia Eduardo Urquiza, aunque desde la semana próxima estará a cargo del fiscal Fernando Ballester Bidau, precisaron las fuentes.
La intervención de la Fiscalía es clave en esta parte del proceso porque para el inicio de una causa penal hace falta que un fiscal requiera la investigación ante el juez de instrucción, de lo contrario podría desestimarse la denuncia sin más trámite.
Si el Ministerio Público impulsa el caso, también puede pedir medidas de pruebas, incluso las solicitadas por el propio denunciante.
La denuncia presentada por el ministro Romero menciona con nombre y apellido a seis personas: el rector del IPES Jorge Ariel Enciso, la vicerrectora Silvia Marcela Canales, la secretaria María Rosa Viera y las prosecretarias Alicia Cola, María Alejandra Sánchez Fernández y Alejandra Hoyos.
A todos se los señala como presuntos autores o partícipes de tres delitos penales: “defraudación contra la administración pública”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsedad ideológica de instrumento público”.
Al detallar los hechos que dieron lugar a la denuncia, el ministro Romero explicó que las sospechas surgieron a partir de la implementación del Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) que informatizó el procedimiento de carga de novedades en relación a altas y bajas de cargos docentes, entre otras prestaciones.
Según Romero, fue entonces cuando la Dirección de Educación Superior dependiente de su cartera detectó las “presuntas irregularidades” con la adjudicación y utilización de horas cátedra que habrían tenido lugar en el IPES.
El escrito presentado ante la Justicia diferencia cuatro grandes situaciones que podrían configurar delitos:
-sostiene que las horas cátedra de duración cuatrimestral no se daban de baja una vez finalizado el cuatrimestre, y que entonces los docentes seguían cobrando el resto del año “sin efectuar ninguna contraprestación” y “sin que conste acto administrativo de avale dichos pagos”.
-menciona que habría docentes que estarían al frente de un mismo espacio curricular.
-plantea que existiría un “incorrecto” manejo del régimen legal de acumulación de cargos, lo que habría derivado en docentes con más horas cátedra que el máximo permitido.
-señala que las llamadas “horas institucionales” del IPES se adjudicaban en forma “directa”, “sin actos administrativos que las respalden” y que por lo tanto “no podría vincularse la contraprestación relacionada con esas horas”.
El ministro describe en la denuncia que al detectarse estas supuestas anomalías, se abrió el expediente administrativo 4614 de este año, y que la dirección general de asuntos jurídicos recomendó el inicio de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.
El titular de Educación adjuntó a la denuncia documentación respaldatoria que ahora está siendo analizada por la Fiscalía. Este organismo será el que en los próximos días determinará si existe la presunción de un ilícito y si corresponde que un juez lo investigue.
