l ministro de Educación Diego Romero presentó ayer una denuncia penal contra el rector Jorge Enciso, la vicerrectora Marcela Silvia Canale, la secretaria administrativa y los prosecretarios del IPES Ushuaia. La misma se dio en el marco de una investigación iniciada a partir de las irregularidades detectadas en el manejo administrativo y la carga de novedades en la institución.
Durante el lunes, el Ministerio de Educación había iniciado sumario para la investigación de los hechos, con suspensión de funciones administrativas de la cúpula directiva. Dicha suspensión permite la continuidad en las tareas pedagógicas e institucionales por parte de los suspendidos. En función de ello, desde el Ministerio destacaron que no se trata de una intervención, ya que continúan las funciones de formación de los alumnos que allí cursan.
En el marco del sumario administrativo aperturado, el Servicio Jurídico del Ministerio de Educación recomendó que, atento a las irregularidades detectadas, se presente una denuncia penal ante las autoridades judiciales por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.
La denuncia fue radicada por el mismo Ministro de Educación ante el Fiscal Eduardo Urquiza, quien se encuentra subrogando por estos días al fiscal Fernando Ballester Bidau que tendrá a cargo el expediente cuando retorne a sus funciones.
Tras la denuncia Romero manifestó que “nosotros como funcionarios públicos, cuando se detectan irregularidades, tenemos la obligación de realizar la denuncia para que se investigue” y señaló que ello se debe hacer “sobre todo cuando estamos hablando de fondos públicos, en este caso provinciales”.
“No hay intervención”
Por otra parte Romero sostuvo que el IPES “no está intervenido, ni se ha separado a nadie del cargo. Solo se ha suspendido en sus funciones administrativas al equipo directivo. En todo lo que tenga que ver con lo institucional y pedagógico didáctico seguirán cumpliendo sus funciones y cobrando sus sueldos. La designación de docentes, altas y bajas, que son tareas propias de la administración no lo podrán realizar, pero sí todas las actividades de índole pedagógica”.
Sobre los avances en la implementación del SIGE señaló que “el nuevo sistema nos permite obtener una radiografía de lo que está pasando. No es que se realizó ninguna investigación específica. Me he reunido muchísimas veces con el rector y con los docentes y les advertí que estaban en una situación irregular, desde que asumí el Ministerio. El tema es que, con el nuevo sistema, las irregularidades ya no van más. Existen faltas administrativas. Les doy un ejemplo, una materia que es cuatrimestral, la Provincia la está pagando todo el año, cuando debería tener la baja en agosto o en marzo. Es decir, se dicta una materia durante 4 meses y se paga todo el año. Eso es insostenible. Lo pedagógico tiene que ir de la mano de lo administrativo. Hay falencias en horas institucionales asignadas sin ningún aval del Ministerio, y si ningún documento administrativo o resolución que lo avale".
Para finalizar informó que “la nueva comisión de auditoría analizará lo actuado para poder tomar medidas lo antes posible. El equipo de abogados del Ministerio está analizando las acciones a tomar frente a las irregularidades encontradas”.
