Editorial

¿Cómo explicarlo?

09/04/2018
L

as noticias sobre hechos de abuso sexual contra menores han concitado la atención nacional a partir del escándalo desatado en las pensiones de distintos clubes de fútbol. Antes de continuar con estas líneas seguramente coincidiremos si agregamos el adjetivo de lamentable noticia, por lo aberrante de los hechos que implican la absolutamente condenable actitud de adultos en contra de menores.
Como no podía ser de otra manera, en nuestra provincia no estamos exentos de esta realidad. Seguramente volveremos a coincidir si aquí repetimos el adjetivo, el que adquiere una significación aún mayor si nos remitimos a los datos que presentan las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación que refieren que en los últimos quince meses hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
A riesgo de resultar reiterativo, insisto en el adjetivo de lamentable ya que según el informe que en su edición de ayer publica la periodista Mariana Iglesias en el diario Clarín, Tierra del Fuego ocupa el segundo lugar de casos de abuso sexual denunciados al programa de las víctimas contra la violencia entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, con un significativo y preocupante guarismo de 7,8 casos cada 100 mil habitantes, que la ubican en esa triste posición en el contexto nacional, por debajo de un conglomerado urbano de la envergadura de CABA.
Las estadísticas oficiales referencian que en el período citado se registra un promedio de 4,65 casos de abuso por día, aunque en opinión de los especialistas en la materia, la cifra es ínfima en relación a lo que realmente ocurre.
Para mayor abundamiento, recomiendo la lectura del artículo citado, en particular a los juristas locales.
Ahora bien, volviendo a lo que ocurre en el pago chico, conocido es que nos encontramos a días de un juicio sin precedentes, durante el cual se determinará la culpabilidad, o no, del empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, procesado por el abuso sexual reiterado y estupro de dos menores de edad. Como creo habrá ocurrido en muchos hogares de nuestra provincia el tema debe haber sido materia de conversación familiar, imaginando charlas análogas a las suscitadas en el seno de mi familia, donde, desde la posición de adulto uno trata de explicar el valor del sistema social que nos rige, en el que, a pesar de todo, uno pretende formar a sus hijos respetuosos de las instituciones y de las leyes que nos damos para regular la convivencia entre pares. En medio de esto, un fiscal de la provincia se despacha con una solicitud calificable, al menos, de insólita.
Así las cosas, cómo explicarle a los menores, a aquellos que resultaron víctimas de los adultos y a los otros que interpretan buena parte de la realidad a través de los ojos de los otros adultos que tenemos la responsabilidad de formarlos que, conforme la interpretación de quien tiene, entre otras, la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, que el abuso sexual puede morigerarse por el nivel cultural del abusador, por ser sostén económico o por su condición de padre de menores.
Cómo explicarle la importancia suprema que en estos casos tiene la valentía del menor abusado de hacer conocer lo vivido, de identificar al abusador que lo sometió y de, acompañado ahora sí por los adultos lograr que se haga justicia, pero de la verdadera, sin atajos o tecnicismos legales que son pretexto de favorecer a las víctimas, encubren una situación jurídica ventajosa hacia el acusado promoviendo eventualmente el mínimo de la pena a imponerle.
En las distintas charlas mantenidas en estas últimas horas sobre el particular, alguien me sugirió que la postura del fiscal actuante podía estar dirigida a evitar el proceso oral para no someter nuevamente a las menores víctimas, hago hincapié en el término ya que de eso se trata de menores víctimas, al trauma de revivir lo acontecido, evitando de esa manera la “revictimización”, como si el hecho de dejar al condenado en libertad no revictimizara.  
En otro caso surgió la suposición de que sea una estrategia del fiscal para correrse de una causa complicada, propiciando con el insólito requerimiento su recusación, tal como está planteada por la defensa. Claro que, en este supuesto, el proceso podría llegar a sufrir considerables retrasos, con lo que la acción fiscal sería nuevamente a favor del acusado.
Con el debido respeto y en el más amplio reconocimiento de mi ignorancia jurídica me permito preguntarle al fiscal, a sus superiores y a los jueces del sistema judicial fueguino, qué carajo pretendió argumentar, ya que a los ojos simples de la lógica, si nos embarcamos en el razonamiento del fiscal al considerar un atenuante de la conducta del acusado el hecho de no haber culminado sus estudios secundarios, bien podría presentarse el extremo que si la víctima de abuso tiene mayor nivel educativo que el abusador podrían invertirse los roles y terminar resultando que por el hecho de tener estudios, la menor abusada habría guiado al ahora pobre infeliz del abusador a adoptar una conducta impropia, convirtiéndolo en víctima de la menor abusada por no haberse recibido el abusador por ejemplo de bachiller o perito mercantil.
En la misma lógica del fiscal, cabría preguntarse si el quantum de la pena para los culpables de delito de abuso infantil debería graduarse, entre otras consideraciones, por los niveles educativos que el condenado acredite. ¡Por favor!
Dice el fiscal que entre los atenuantes también considera el hecho de que el acusado “resulta sostén económico familiar”. Menudo detalle. Insistiendo sobre mi desconocimiento sobre el derecho me pregunto si esa corriente de pensamiento no propiciaría la liberación o morigeración de condenas de abusadores infantiles por el simple hecho de tener una familia que mantener, o una serie de exitosas empresas que conducir. ¿Cuál sería en ese extremo la situación de un abusador desocupado? ¿A ojos del fiscal resultaría más condenable uno sin trabajo que otro con? ¡Por favor! (de nuevo).
Finalmente, y por respeto a la familia del acusado me reservaré la opinión de que, en el caso de un procesado por el abuso sexual reiterado y estupro de dos menores de edad, la condición de padre de dos hijos menores resulte para el fiscal una causa “atenuante”.
Respetuosamente, me animaría a recomendarle al fiscal la lectura de las estadísticas oficiales al respecto.
Alguna vez leí que el error tiene una condición maligna: además de perjudicar a quienes se le induce, se vuelve contra el que lo comete. No hay una sistemática de las consecuencias de los errores, ni puede haberla, porque depende de la posición del que yerra y de la de los inducidos al error. Por eso, no puedo permanecer ajeno a lo que considero cuando menos un error el pretender evitar la instancia de juicio, garantizando la menor sanción al acusado.
En este sentido, hago propias las palabras de Hernán Monath, especialista en Protección de derechos de Unicef quien sostiene que “Es muy importante que este delito sea de instancia pública para que el Estado pueda intervenir y garantizar los derechos de los niños. Es una manera de darle más herramientas a la Justicia. Hay pocas denuncias y de las que hay, se estima que sólo una de cada diez avanza en la Justicia.
También alguna vez escuché un viejo chiste que circulaba en los años en que la industria automotriz nacional todavía no presentaba la variedad de modelos y calidades actuales y que refería que al Citroën (por el 3cv) se le denominaba pedo, porque al único que le gustaba era al dueño. Sólo espero, por el bien de todos, pero por sobre todas las cosas por el de las víctimas, no tener que volver a plantearnos cómo explicarles a nuestros hijos algunas cuestiones de la trascendencia de esta, confiando en que este proceso judicial no termine entrando en la historia fueguina denominándose de manera análoga a la del chiste, ya que sería más difícil de explicar todavía.
Será justicia. ¿Será?

(*) el diario del Fin del Mundo

Autor : Fulvio Baschera (*)
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