na inspectora de tránsito de Río Grande y un oficial de la Policía de la provincia serán juzgados a partir de hoy por el presunto delito de contrabando, ante la sospecha de que ambos actuaban en combinación para traer a la isla mercadería desde la ciudad de Punta Arenas, en Chile, que luego vendían a través de las redes sociales.
La maniobra descubierta en mayo de 2014 tuvo un fuerte impacto mediático al trascender la metodología utilizada por estas personas para cruzar los productos por la frontera de San Sebastián.
Es que al parecer la inspectora dejaba la mercadería en la ruta, cerca del paso fronterizo, y el policía la recogía en un patrullero con el que luego lograba traspasar los controles aduaneros sin ser descubierto.
El caso involucra a la agente municipal Mónica Ojeda y al oficial principal de la policía Gustavo Franzen, quien luego de este episodio fue separado de sus funciones.
Ojeda empezó a llamar la atención de las autoridades a partir de sus constantes traslados a Punta Arenas.
En uno de los viajes fue detenida y requisada, y si bien no le descubrieron ningún elemento comprado en Chile, ocurrió que minutos más tarde encontraron al oficial, quien cumplía funciones como personal destacado en el Paso San Sebastián, con la mercadería cargada en la caja del patrullero.
La causa judicial que será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Ushuaia llegó a la instancia del juicio luego de desecharse la posibilidad de “omisión de debate” que contaba con la aprobación de la propia Fiscalía.
Es que finalmente el hecho fue calificado como “contrabando agravado” por la calidad de funcionarios públicos de los involucrados, y esa figura impide evitar el proceso oral porque tiene una pena mínima de cuatro años de prisión.
Una de las discusiones que seguramente se reeditará en el juicio es el monto de la mercadería trasportada, porque según el personal aduanero los objetos sumaban un valor de $60 mil y estaban por debajo del mínimo exigido por la ley para ser considerado contrabando.
Durante la instrucción del caso, personal de la Brigada de Delitos Complejos de la Policía provincial allanó los domicilios particulares de Franzen y de Ojeda, siguiendo órdenes del juez Eduardo López.
En los allanamientos apareció “numerosa mercadería” procedente de Chile, que la mujer comercializaba a nivel local, entre ella una gran cantidad de zapatos.
Cuando cruzaba la frontera en el patrullero, el oficial Franzen fue descubierto con productos electrónicos, e incluso con un televisor de pantalla plana, además de varias cajas de zapatos.
La primera versión del policía fue que pertenecían a una mujer que había auxiliado en la ruta, aunque la hipótesis sostenida por las autoridades es que Ojeda le dio la mercadería a través del alambrado que separa el límite con Chile, intentando evitar el control.
El ex secretario de Seguridad de la provincia en 2014, Daniel Facio, afirmó por entonces que el policía “fue separado de la institución y pasado en forma inmediata a disponibilidad”.
