on el argumento de que la intervención de la Legislatura en la designación de los integrantes del Directorio del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino “deja entrever que afecta directamente a la idea de una estructura dinámica” y que por tanto afecta “su puesta en funcionamiento (...) y su desempeño en relación con el sector privado", el Poder Ejecutivo procedió a vetar parcialmente el proyecto de ley que habilitó la constitución de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que tiene por finalidad sumar una herramienta institucional que facilite la capitalización de las medianas y pequeñas empresas.
En el decreto de veto, se indica fue la Secretaría de Desarrollo e Inversiones, que conduce Leonardo Zara, la que objetó la modificación que introdujera el Parlamento al proyecto oficial, para establecer que “los directores designados por el Poder Ejecutivo (…) deberán contar con acuerdo legislativo”.
Desde esa Secretaría se sostuvo “que a los efectos de analizar alternativas de organización y administración del Fogadef y tomar experiencias exitosas, el proyecto original contempló el estudio previo de los Fondos de Garantías de Carácter Público que otras provincias argentinas han creado. De ello se desprende que en los casos del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), el Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH) y el Fondo de Garantía Público La Rioja S.A.P.E.M. (FOGAPLAR S.A.P.E.M.), todos ellos contemplados como, posibles modelos organizativos a adoptar; no establecen en sus normas fundacionales la necesidad de que los poderes ejecutivos designen los directores con acuerdo de las legislaturas".
Asimismo indica que "el Fogadef fue concebido, desde su origen, como un instrumento frente a una necesidad urgente de las PYMES. Más en detalle, como un actor nuevo en el desarrollo económico provincial, que busca contribuir a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy tienen necesidades de acceso al crédito y que necesitan interactuar con una estructura dinámica y eficiente, que acerque sus productos y servicios a nuestras PYMES de acuerdo a la política de desarrollo fijada por el Poder Ejecutivo", y en tal sentido, advierte que la disposición plasmada en el proyecto de ley “deja entrever que afecta directamente a la idea de una
estructura dinámica” que afectaría “en tal sentido su puesta en funcionamiento y su desempeño en relación con el sector privado".
Más allá del malestar que el veto generó en algunos Legisladores de la oposición, difícilmente el Parlamento pueda insistir en su postura inicial, ya que el rechazo al veto precisa contar con el respaldo de 10 votos.
