18 años de su creación, el Fondo Residual podría encaminarse a su liquidación definitiva, ya que el bloque legislativo de UCR-Cambiemos impulsa una iniciativa que podría constituirse en el primer paso hacia ese objetivo.
La iniciativa presentada por los tres integrantes de esa bancada requiere al Poder Ejecutivo un “informe circunstanciado y documentado de la nómina original de la cartera de créditos de deudores en mora transferidos por el Banco de Tierra del Fuego al Fondo Residual, indicando montos, plazos, condiciones y situación de mora de cada uno de los créditos; recupero de los créditos administrados y liquidación de los mismos, indicando procedimiento (judicial, extrajudicial, convenio de refinanciación, etc.); remesas transferidas al ex IPAUSS a quien lo reemplaza en la actualidad; nómina de créditos no recuperados, indicando montos, actualizaciones y condiciones; listado de bienes muebles o inmuebles en posesión del Fondo Residual, y nómina de juicios en trámite y estado de los mismos”.
Según se indica en el fundamento del proyecto de resolución, la documentación requerida permitirá “ analizar el estado del proceso llevado adelante por el Fondo Residual en su carácter de administrador y/o realizador de los activos, pasivos y créditos asumidos por el Poder Ejecutivo Provincial de acuerdo a lo establecido en las Leyes 478 y 486 y sus modificatorias, y conocer detalladamente la evolución y el resultado de las gestiones llevadas a cabo, con carácter previo a evaluar una eventual liquidación del Fondo”.
El Fondo Residual, que actualmente administra el abogado Martín Raúl Muño, fue creado en mayo de 2000 como parte del frustrado proceso que impulsó el gobernador justicialista Carlos Manfredotti para transformar el Banco de Tierra del Fuego en una Sociedad Anónima.
Aquella iniciativa estableció que parte de la cartera morosa e incobrable del BTF fuera asumida por el Poder Ejecutivo y administrados por el Fondo Residual para su efectivo recupero.
Además determinó que el Estado Provincial asuma el carácter de deudor con el Instituto Provincial de Previsión Social hasta la suma de 208 millones de pesos “y garantizando su cancelación con los importes que, entre otros, provengan del Fondo Residual por la realización de los inmuebles y el recupero de la cartera crediticia…”.
Más allá de los cuestionamientos y dudas que han rodeado el funcionamiento del Fondo Residual, el pedido de informes del radicalismo deja en evidencia que el organismo ha incumplido, total o parcialmente, con la obligación de elevar “en forma trimestral un informe detallado al Poder Legislativo provincial sobre la evolución y resultado de su gestión”.
