ás allá de las disidencias que obligaron a que el asunto fuera abordado como último asunto de la sesión del pasado jueves, la Legislatura terminó aprobando por 11 votos (del oficialismo y UCR-Cambiemos) contra 4 (del MPF) la modificación de la ley impositiva que impulsó el Poder Ejecutivo para adecuar la presión tributaria en materia de Ingresos Brutos a los niveles previstos en el consenso fiscal.
El tratamiento del tema no estuvo exento de debate. El radical Rubinos señaló que la reforma era necesaria para corregir los excesos en que había incurrido la Provincia en diciembre al aumentar las alícuotas, y en ese marco reclamó que en forma previa a votar el proyectos se aprobara, tal sucedió, una resolución solicitando al Ejecutivo que remita antes del 30 de junio un nuevo proyecto que establezca las nuevas alícuotas de Ingresos Brutos y del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, conforme los topes fijados para el 2019 en el acuerdo suscripto oportunamente por las Provincias y el Gobierno Nacional. Rubinos dijo que ello era necesario para darle previsibilidad a los interesados en invertir en la Provincia, como así también a los Municipios al momento de tener que elaborar los presupuestos para el año venidero.
Desde la bancada oficialista fue el Legislador Bilota quien defendió la postura gubernamental. Negó que la Provincia hubiera incumplido con el consenso fiscal. Tal lo habían sostenido el ministro de Economía, quien siguió en persona el desarrollo de la sesión, y el Gerente Ejecutivo de la AREF, Bilota reiteró que el cuestionamiento a Tierra del Fuego era producto del incorrecto análisis que del tema había realizado el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Aseguró que oficialmente no había existido reclamo alguno del Gobierno nacional, y que a pesar de ello se optaba por la readecuación de tasas para evitar un potencial conflicto que pudiera resultar perjudicial para las arcas fueguinas.
Las voces más críticas surgieron de la bancada del MPF. Los legisladores de esa fuerza política señalaron que los argumentos esgrimidos en diciembre al oponerse a la ratificación del consenso seguían teniendo plena vigencia y que esta modificación impositiva no hacía más que demostrar su validez. Señalaron también que a fines del año pasado la Provincia aprovechó, en contra del espíritu del consenso, para elevar alícuotas de Ingresos Brutos, por lo que en realidad ahora se corregía parcialmente esa decisión. Por ello reclamaron que se tenga en cuenta la realidad de los comerciantes fueguinos.
Contra la “intervención” del IPES
Sin éxito, el bloque del MPF intentó que tomará estado parlamentario y fuera girado a comisión un proyecto de ley mediante el que se declarara la nulidad absoluta de la Resolución del Ministerio de Educación que dispuso la suspensión provisoria en sus funciones administrativas de las autoridades del Instituto Provincial de Educación Superior de Ushuaia. Para los legisladores mopofistas esa decisión constituyó una clara e injustificada intervención del IPES. Es más, señalaron que a dos meses de dispuesta aún no se ha podido constatar ninguna de las irregularidades planteadas por las autoridades ministeriales.
Desde el oficialismo se negó el acompañamiento al proyecto, entendiendo que la Legislatura “no es el órgano de control de los actos administrativos” del Ejecutivo. La Legisladora Freites anunció además que en breve se convocará, por separado, a la comisión de Educación al titular de la cartera educativa y a representantes del IPES Ushuaia.
