l Observatorio Cuestión Malvinas analiza presentar en las próximas horas una denuncia penal contra los funcionarios de la Cancillería argentina responsables de los acuerdos con Gran Bretaña vinculados con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y zonas aledañas del Atlántico Sur.
Además, los integrantes del organismo que reúne desde representantes partidarios hasta funcionarios de distintos niveles y ex combatientes, podrían denunciar también a funcionarios del gobierno provincial, al entender que no han actuado a tiempo en salvaguarda de la soberanía sobre las islas.
“A través de un documento de 20 puntos ya le pedimos a la gobernadora Rosana Bertone, como máxima autoridad de las Islas Malvinas, que promueva ella la denuncia, pero si no lo hace, lo haremos nosotros en los próximos días”, afirmó a EDFM Daniel Guzmán, vocero del observatorio y veterano de guerra.
El dirigente sostuvo que el organismo viene cuestionando la política exterior del Gobierno nacional acerca del tema Malvinas desde septiembre de 2016, cuando los vicecancilleres de Gran Bretaña, Alan Duncan, y de Argentina Carlos Foradori, firmaron un acuerdo de diez puntos sobre vuelos, pesca, hidrocarburos y comercio con el archipiélago, al que se catalogó como “declaración conjunta”.
“El pacto Foradori-Duncan es la base de la entrega de la soberanía que continuó por estos días con los acuerdos sobre pesca, temas antárticos y otras cuestiones que se trataron en foros realizados en Buenos Aires sin ninguna presencia fueguina pero sí de habitantes británicos de las islas”, aseveró Guzmán.
Según mencionó, la “peligrosidad” de estas tratativas no solo radica en que se elude el tema soberanía, sino que se “vuelve a poner a disposición de Gran Bretaña información científica sumamente valiosa para iniciar extracciones de recursos naturales”.
“Gran Bretaña ha violado sistemáticamente todos los acuerdos relacionados con las Malvinas desde 1833 y no sé por qué no habría de hacerlo ahora. Por eso se trata de un retroceso sin procedentes”, señaló el vocero del Observatorio Cuestión Malvinas.
El organismo también es crítico con el desempeño de la gobernadora Bertone en este asunto, a pesar de que el Gobierno fueguino elevó una queja formal en la Cancillería cuestionando que no se haya incluido a la provincia en las recientes reuniones del “Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur” y a la “Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA)”.
“Bertone tardó 603 días en reaccionar cuando desde el Observatorio se lo veníamos advirtiendo desde el 15 de septiembre de 2016. No incluir a la provincia en las negociaciones sobre Malvinas viola el sentido Federal del país”, insistió Guzmán.
El observatorio pretende también que el gobierno fueguino radique ante la Suprema Corte de Justicia una declaración de certeza para dirimir la “naturaleza jurídica” del memorándum suscripto entre Argentina y Gran Bretaña en 2016.
“Política de Estado”
Sin embargo, la gobernadora avaló en las últimas horas la tarea del observatorio y llamó a los fueguinos a “unirse para defender la soberanía”.
Incluso en el acto por el 25 de mayo llevado a cabo el viernes, Bertone se refirió al tema Malvinas, al sostener que “los habitantes de la provincia tenemos que hacer sentir nuestra voz llena de firmeza y llena de paz”.
“Malvinas y el Atlántico Sur son política de Estado para nuestra provincia. Es tiempo de reflexión, de discusión y de defensa de lo nuestro, pero en paz. Debemos estar a la altura de nuestra gente. Confío en que lograremos”, aseguró la mandataria.
Los ex combatientes de la ciudad de Río Grande mantienen por estos días una carpa itinerante, que recorre distintos barrios, para “concientizar a los vecinos sobre lo que está ocurriendo”, mientras que el 10 de junio (día de la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas) prevén realizar una “movilización masiva”.
