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os concejales de Ushuaia aprobaron ayer por unanimidad, la adhesión del municipio a la Ley provincial N° 1233 ‘Antidoping’ recientemente promulgada, que tiene el objetivo de controlar y detectar el consumo de drogas ilegales en los funcionarios, con la incorporación de parámetros exclusivos para la implementación en el ámbito local.
En sesión especial convocada a pedido del Intendente, los concejales analizaron la Ley y aunque coincidieron en la relevancia de contar con una norma que atienda la adicción o el consumo de drogas ilegales en funcionarios municipales, consideraron la necesidad de abordar la forma en que se dará cumplimiento a la medida en Ushuaia.
La metodología de extracción de la muestra; partida presupuestaria; funcionarios que deberán someterse al examen; así como las consecuencias y el protocolo de intervención ante la detección de un caso de adicción, fueron los aspectos incorporados formalmente, que diferencian a la ordenanza de la Ley de origen.
En tal sentido, se estableció a que el examen de detección del consumo de drogas ilegales se realizará mediante muestra de sangre (no orina); al azar, a través del mecanismo de sorteo público y con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la designación para despejar dudas sobre la posibilidad de que el funcionario elija el momento adecuado teniendo en cuenta el mecanismo de absorción y los plazos de permanencia de drogas en el organismo para la detección.
Otro de los aspectos incorporados para la adhesión a la Ley a nivel local, dispone que el costo de los exámenes de detección del consumo de drogas estará a cargo de cada funcionario. Asimismo prevé el acompañamiento por parte del Estado en los casos en los que el examen demuestre la presencia de drogas ilegales: los funcionarios deberán realizar tratamiento de adicciones y se les brindará asistencia tal como lo establece la ley nacional N° 26.657, de Salud Mental.
De acuerdo a la ordenanza sancionada ayer en sesión especial, la disposición alcanzará al Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores, Jefes de Programas, autoridades de empresas del Estado Municipal; en el Concejo Deliberante, a los Concejales, Secretarios, Prosecretarios, Jefes de Programas; en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, al Juez, Secretario, Prosecretario; y en la Sindicatura General Municipal, los Síndicos y el Secretario.

Preocupación por los alcances de la ley ante situaciones de adicción

El debate en torno a la adhesión a la Ley provincial N° 1233 se centró en los alcances de la norma y el enfoque dado a la disposición, que prevé que la detección del consumo de drogas se tome como causa del cese en la función pública; suspensión o revocación de mandato. Los concejales coincidieron en la incorporación del tratamiento de adicciones y la asistencia al funcionario municipal que se encuentre en esa situación.
En el recinto también se abordó la falta de especificaciones sobre la partida presupuestaria que se utilizaría para dar cumplimiento a los exámenes. Asimismo anotaron que las distintas drogas ilegales tienen diversos tiempos de absorción y permanencia en el organismo, por lo que en el marco de la Ley se podría ‘elegir’ el momento oportuno para evitar la detección en el examen; de allí surgió la necesidad de que realizarlo mediante sorteo público y con el costo a cargo del funcionario.

Expresiones en el recinto

El concejal Juan Manuel Romano (UCR) señaló que “habiendo vivido o conocido amigos o parientes que está pasando por el flagelo de la adicción, quiero ir más allá de si un funcionario consume drogas o no; esto no se soluciona aislando, juzgando y señalando a la persona, sino con tratamiento médico, afecto y acompañamiento”. Aunque acompañó la adhesión a la Ley, Romano pidió “que nos ocupemos realmente de esta enfermedad que nos toca a todos directa o indirectamente, que no elige pobres o ricos”, observó.
“No tengo nada que esconder, puedo ser voluntario para hacerme los estudios. Perdí muchos amigos en el camino por estar expuesto a esta enfermedad porque el Estado tampoco se hizo responsable – expuso el concejal-, si bien la Ley puede tener falencias o no, vamos a adherir si es una manera de que el Estado se haga cargo de una enfermedad que nos viene azotando hace tiempo como sociedad”, dijo.
Por su parte el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino (PJ), aclaró que “estamos hablando del control de los funcionarios electos y designados, quienes ocupamos cargos”.
En referencia a los alcances de la disposición a nivel provincial – que incluye al personal superior y subalterno de la policía y del Servicio Penitenciario-, defendió la medida, al considerar que “el funcionario encargado de la seguridad de la sociedad y que maneja un arma, debe hacerse el control”, ejemplificó.
Además ponderó el tratamiento y la aprobación de la Ley, rechazando las críticas. “Los legisladores que la votaron, fueron electos por los ciudadanos de Tierra del Fuego; así como la Gobernadora, que promulgó la Ley; y el Intendente que propuso la adhesión, fue elegido por el voto popular de los vecinos de Ushuaia”, recordó.