a Fiscalía de Estado rechazó la pretensión judicial impulsada por Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA) con el objeto de que el Superior Tribunal de Justicia declare la invalidez de los decretos 1426/16 y 444/18, mediante los que el Poder Ejecutivo Provincial dispuso rescindir por culpa de la empresa de capitales chinos el Convenio de Suministro de Gas de Regalías, rubricado en 2010 y que contemplaba la construcción de un planta de producción de urea, e intimar a TEQSA al pago de 275 millones de pesos en concepto de remanente de compensación por multas e integración de la garantía de cumplimiento de contrato y de 4,9 millones de dólares en concepto de intereses por falta de pago del segundo adelanto por la compra de gas de regalías.
A mediados del pasado mes de diciembre, la Fiscalía de Estado remitió para conocimiento de los Legisladores copia de la contestación de la demanda promovida por la doctora Verónica Muchnik, en su carácter de apoderada de la empresa, en el marco de la causa caratulada “Tierra del Fuego Energía y Química S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Contencioso Administrativo”.
Desde el órgano de control se indica que la abogada de TEQSA sostiene que “los incumplimientos” que el Ejecutivo fueguino le endilga a la empresa “no habrían sido por su culpa, sino a consecuencia de circunstancias fácticas que configurarían causales de fuerza mayor” reprochables a “la conducta de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, y cuestiona “que todas las obligaciones contractuales se encontraban suspendidas al momento de rescindirse el convenio” ya que el 14 de diciembre de 2105, la ex gobernadora Ríos prorrogó la vigencia de un acta acuerdo firmada en marzo de 2014 en la que las partes habían resuelto crear una comisión especial y “suspender la ejecución del convenio” por 100 días hábiles prorrogables automáticamente, por períodos de 60 días hábiles, “para arribar a conclusiones u opciones concretas respecto de la vigencia del Convenio”.
A entender de la Fiscalía de Estado y del Ejecutivo ese “impasse no modificó de ninguna manera (…) la existencia de una situación de incumplimiento por parte de la empresa motivada en su exclusiva culpa, de intereses devengados y en curso derivados” de la mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa, “y de penalidades aplicadas. Decisiones todas adoptadas mediante actos administrativos que ya entonces se hallaban firmes y consentidos”. Agrega, además, que la decisión de rescindir el convenio se adoptó “a partir del vencimiento del plazo” establecido a mediados de diciembre de 2015.
En cuanto a los restantes argumentos esgrimidos por TFEQSA en su demanda, afirma que carecen “de andamiaje y deja perplejo por sus contradicciones”.
Asegura que la Provincia “obró con prudencia y tolerancia” y que “resulta ajena a las razones de supuesta fuerza mayor invocadas por la demandante” y que “aún en el improbable caso de resultar ciertos los extremos alegados en este sentido por TEQSA, no queda para nada claro con qué atribuciones los funcionarios nacionales denunciados por la contraria planeaban torcer el rumbo de una contratación legítimamente concertada por Tierra del Fuego sobre recursos que integran su dominio originario”.
Califica la conducta de la empresa de “especulativa, opaca y contradictoria” a los estándares de “conducta esperados de un buen hombre de negocios”.
Como conclusión de los hechos detallados a lo largo de más de 300 fojas, la Fiscalía de Estado sostiene que “la profusa verbosidad” contenida en la demanda “no alcanza a ocultar la realidad evidente y palpable: que, donde debería hoy estar levantada y funcionando una planta de industrialización de hidrocarburos capaz de generar enormes ingresos contractuales e impositivos para la Provincia, empleo para cientos de fueguinos y derrame a otros sectores de nuestra economía, no hay más que un predio vacío y muchas excusas incomprobables que no pueden de ningún modo alcanzar para torcer la legítima voluntad de liberar a las partes de un compromiso respecto del cual se ha perdido no sólo la esperanza sino también la confianza”. Por ello plantea que “la extinción del vínculo no puede ir acompañada de displicencia hacia 1o ocurrido en el transcurso de estos años. Como en cualquier otra contratación del Estado la frustración del interés público tiene un costo. TEQSA decidió unilateralmente suspender la ejecución del contrato. Ahora debe asumir el precio de sus decisiones. La sociedad de Tierra del Fuego ya aceptó el suyo propio al ver desvanecerse ampulosas promesas de progreso y crecimiento que nunca se concretaron”.
