a Cámara de Apelaciones de Río Grande resolvió unificar las causas judiciales en las que investigan al intendente de esa ciudad (Forja) Gustavo Melella, por presuntas irregularidades en la obra pública municipal, y por el supuesto “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción, según confirmaron ayer fuentes oficiales a EDFM.
El juez de instrucción Raúl Sahade, a cargo de la investigación, había decidido a fines de 2018 separar el expediente en el que los trabajadores denunciaron haber sido obligados por Melella a mantener relaciones sexuales a cambio de empleo, del que analiza si el municipio pagó a empresas por obras públicas no realizadas.
Sin embargo, en una resolución fechada el 9 de febrero, y que trascendió en la víspera, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones riograndense revocó el fallo anterior de Sahade y ordenó que “la instrucción de la causa continúe en el marco de un único proceso”.
Los jueces Julián de Martino y Jorge Luis Jofré entendieron que los hechos están “estrechamente vinculados entre sí”, ya que como se investiga un presunto abuso sexual coactivo, la circunstancias de “relación de autoridad o de poder” deben buscarse en el modo en que se manejaron las contrataciones del municipio, y en la injerencia de Melella en esos procesos, indica el fallo.
Es que de acuerdo a las denuncias de Mario Lovera, Damián Rivas y Jerónimo Suasnabar, los pedidos de “favores sexuales” por parte del intendente habrían respondido al interés de ser contratados para realizar trabajos relacionados con la obra pública, o a cobrar el monto de tareas ya ejecutadas con anterioridad.
De este modo, la separación de los hechos en dos causas “podría conspirar contra una mejor y más pronta administración de justicia”, señala la resolución a la que accedió este medio.
Dos en una
El caso contra el intendente de Río Grande comenzó a gestarse el pasado 30 de agosto, a partir de la denuncia presentada por el abogado Francisco Giménez (ahora representante de las querellas) acerca de dos empresas: “Patagonia Constructora“ y “Marino Luis Vaquera”, que habrían facturado al municipio por obras que no realizaron.
De la denuncia surge que los trabajos, en realidad, fueron concretados por los obreros Lovera, Rivas y Suasnabar, quienes -además- dijeron haber recibido pedidos de favores sexuales por parte de Melella, a cambio de ser contratados, primero, y luego para poder cobrar.
Sahade tomó varios testimonios y ordenó pericias sobre los teléfonos celulares de las víctimas, por lo que se estima que en los primeros meses de este año deberá resolver si hay elementos para indagar al intendente que, por otra parte, será candidato a gobernador en las elecciones generales de este año.
Por su parte el abogado de Melella, Francisco Ibarra, dijo que las pericias fueron “necesarias” para demostrar el “circo mediático” armado en torno al caso, y “los intereses que hay detrás de las denuncias”.
En ese sentido, Ibarra denunció días pasados que uno de los testigos presentados por la parte querellante, el ex sereno del municipio Hugo Moya, tiene vínculos con funcionarios del gobierno provincial, y que incluso recibió una casa social para su hija a través de gestiones realizadas por el secretario de Seguridad, Javier Eposto, quien desmintió la situación y acusó a Melella de “traer delincuentes a Tierra del Fuego”.
Más allá de las declaraciones cruzadas, el caso sigue abierto y, ahora de forma unificada, debe ser investigado y resuelto por las autoridades judiciales.
