l juez Civil y Comercial de Ushuaia, Gustavo González, rechazó en las últimas jornadas el recurso de amparo presentado por el abogado Jorge Pintos, que solicitaba la suspensión de la jura de Daniel Sacks, el camarista Civil que fue elegido el año pasado por el Consejo de la Magistratura a pesar de que antes había sido jurado del mismo concurso, y de que lo votó un legislador al que asesoraba de manera rentada, entre otras presuntas irregularidades.
Según confirmó el propio Pintos a EDFM, el rechazo de la medida obedeció a una cuestión procesal: el juez entendió que el letrado no está legitimado para presentar la acción porque no posee un interés concreto afectado en los hechos sometidos a análisis.
De esta forma, por segunda vez en dos meses, otro juez de la ciudad evita pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, si el proceso de selección de Sacks se llevó a cabo bajo parámetros de legalidad o si se incurrió en severas irregularidades.
Durante la feria judicial de verano, un juez de Familia, actuando como magistrado subrogante, también rechazó una medida cautelar con el argumento de que no había urgencia para un pronunciamiento porque la jura de Sacks todavía no tenía fecha determinada.
Pese a los dos fallos adversos, Pintos analizaba ayer presentar un recurso de apelación contra la decisión del juez González, que paradójicamente debería tramitar ante la misma Cámara de Apelaciones de Ushuaia en la que Sacks debería asumir en los próximos días.
El abogado también había cuestionado que la defensa del Consejo de la Magistratura en el proceso fue asumida por la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de la provincia, algo que definió como “una desprolijidad” y una “intromisión de un poder sobre otro”.
En el recurso de amparo, finalmente rechazado, Pintos recordó que Sacks fue integrante del Consejo de la Magistratura, y jurado del concurso para juez de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, declarado desierto en diciembre de 2017, y que en 2018 se presentó como candidato para el mismo cargo, resultando electo por el voto de la mayoría de los consejeros el 13 de diciembre de ese mismo año.
Además, puntualizó que el camarista fue votado por el legislador (UCR-Cambiemos) Pablo Blanco al que asesoró en la legislatura provincial a cambio de $45 mil mensuales, y por el legislador (PJ-Frente para la Victoria) Federico Bilota, con quien compartió estudio jurídico en 2011, sin que ninguno de ellos se haya excusado a la hora de votar.
El demandante consideró que al haber sido jurado y luego candidato a juez para el mismo cargo, el flamante juez de Cámara podría haber representado “intereses opuestos”, algo que está prohibido en forma expresa por la ley provincial 607 que regula la profesión de abogado.
Por otra parte, solicitó la “nulidad de las votaciones” en las que Sacks fue elegido magistrado, basándose en que al menos dos de los consejeros (Blanco y Bilota) “debieron haberse excusado por sospecha de imparcialidad”.
En ese sentido, puntualizó que al momento de realizar su declaración jurada como candidato, el camarista “omitió” consignar que era asesor del legislador Blanco en la legislatura, y agregó que tampoco “habría declarado tener ingresos de un contrato con el ex fondo residual del Banco de Tierra del Fuego”, otro organismo vinculado con el Estado provincial.
Según Pintos, la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento radica en que ninguno de los consejeros fundamentó su voto a la hora de la definición del concurso, por lo que tampoco puede saberse por qué descartaron a otros candidatos y se inclinaron por Sacks.
A su vez, el escrito judicial señaló que la jura del nuevo camarista constituiría “un bochorno mayor cometido por un poder del Estado, que avalaría un acto de corrupción institucional y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino”.
