n abogado de Ushuaia volvió a solicitarle a la justicia que suspenda la jura del nuevo camarista civil Daniel Sacks, elegido por el Consejo de la Magistratura de la provincia a través del mismo concurso donde antes había sido jurado, según confirmó ayer el propio letrado en dialogo con EDFM.
Jorge Pintos, miembro del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, ya había realizado un planteo similar durante el receso judicial de verano, pero un juez de feria lo rechazó con el argumento de que la jura de Sacks no era inminente, entre otros argumentos.
Ahora Pintos presentó un recurso de amparo con pedido de medida cautelar, y cuestionó la constitucionalidad del proceso de selección del camarista, que concluyó el 13 de diciembre del año pasado.
En la demanda, el abogado recordó que Sacks fue integrante del Consejo de la Magistratura fueguino, y jurado del concurso para juez de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, declarado desierto en diciembre de 2017, y que en 2018 se presentó como candidato para el mismo cargo, resultando electo por el voto de la mayoría de los consejeros.
Además, puntualizó que el camarista fue votado por el legislador (UCR-Cambiemos) Pablo Blanco al que asesora en la legislatura provincial a cambio de $45 mil mensuales, y por el legislador (PJ-Frente para la Victoria) Federico Bilota, con quien compartió estudio jurídico en 2011, sin que ninguno de ellos se haya excusado a la hora de votar.
El demandante consideró que al haber sido jurado y luego candidato a juez para el mismo cargo, el flamante juez de Cámara podría haber representado “intereses opuestos”, algo que está prohibido en forma expresa por la ley provincial 607 que regula la profesión de abogado.
“Teniendo en cuenta que el abogado postulante a juez había sido jurado de selección del mismo concurso el año anterior, votó primero como consejero para que el cargo quede vacante, y luego intervino como postulante al puesto, pudiendo entonces considerarse que representó intereses opuestos”, afirmó Pintos.
Por otra parte, solicitó la “nulidad de las votaciones” en las que Sacks fue elegido magistrado, basándose en que al menos dos de los consejeros (Blanco y Bilota) “debieron haberse excusado por sospecha de imparcialidad”.
En ese sentido, puntualizó que al momento de realizar su declaración jurada como candidato, el camarista “omitió” consignar que era asesor del legislador Blanco en la legislatura, y agregó que tampoco “habría declarado tener ingresos de un contrato con el ex fondo residual del Banco de Tierra del Fuego”, otro organismo vinculado con el Estado provincial.
Según Pintos, la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento radica en que ninguno de los consejeros fundamentó su voto a la hora de la definición del concurso, por lo que tampoco puede saberse por qué descartaron a otros candidatos y se inclinaron por Sacks.
El abogado dijo que se considera “legitimado” para interponer la demanda por intervenir regularmente en causas civiles en el distrito, y porque “la defensa de sus clientes en esas causas se vería en riesgo”, además del “interés público” que existe en torno a la designación de un magistrado.
“Debido a la conducta profundamente anti republicana y poco democrática, tanto del postulante designado como de los consejeros, se demuestra su falta de compromiso con los valores democráticos, y se desacredita de modo absoluto la elevada ética que los candidatos a jueces deben guardar”, indica la demanda judicial a la que accedió este medio.
A su vez, el escrito judicial señala que la jura del nuevo camarista constituiría “un bochorno mayor cometido por un poder del Estado, que avalaría un acto de corrupción institucional y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Teléfono para el Colegio
Además de la acción de amparo, el abogado Pintos presentó una nota al Colegio Público de Abogados de Ushuaia (CPAU) poniéndolo en conocimiento de la situación y solicitándole intervención.
“Solicito que se tenga presente la posibilidad de que el Colegio adhiera al planteo, solicite su participación en calidad de “amicus curiae” o adopte la postura que considere más conveniente para los matriculados”, indica el escrito dirigido a la presidenta del consejo directivo del CPAU, Susana Sosa.
También añade que resulta “un deber como abogado manifestar una postura contraria a este tipo de situaciones arbitrarias que se dan en todos y cada uno de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura” de la provincia.
Hasta el momento, ni los colegios públicos de abogados ni la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, así como ningún otro organismo vinculado con la abogacía en el distrito, se expidió públicamente sobre el caso Sacks.
