Simulacro de sesión
Legislatura - Debate por la venta de 10 mil hectáreas

Simulacro de sesión

La falta de dictamen previo y la negativa del oficialismo a habilitar ese trámite en sesión dará por tierra con la posibilidad que el Parlamento aborde la convalidación o el rechazo del decreto de adjudicación de 10 mil hectáreas en la zona de Tolhuin. La estrategia es que esa norma quede aprobada por vencimiento del plazo legal para que la Legislatura resuelva sobre la cuestión.
11/04/2019
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na antojadiza interpretación del reglamento interno de Cámara posibilitará que el bloque oficialista impida que la Legislatura defina en sesión si ratifica o rechaza el decreto mediante el que el Poder Ejecutivo, en función del fallo dictado oportunamente por el  Superior Tribunal de Justicia,  adjudicó en venta 10 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas dentro de la reserva natural “Corazón de la Isla”.
Tal había sido planteado en la reunión de Comisión del martes, el oficialismo sostiene que la decisión de emitir dictamen en una comisión debe ser sometido a votación, y que en caso de que la mayoría no firme un despacho la minoría tampoco puede hacerlo.
En función de esa particular interpretación, el asunto sobre la venta de tierras llega a la sesión especial de hoy sin dictamen, por lo que para poder ser tratado sobre tablas es preciso que la Cámara se constituye en comisión para emitir el correspondiente dictamen. Pero, para autorizar ese trámite es preciso contar con autorización de los 2/3 de los votos, y como el oficialismo no habilitará ese trámite el asunto no podrá ser abordado en sesión y continuará en comisión.
La estrategia del bloque del FPV, tal lo confió a EDFM uno de máximos referentes de la bancada oficialista, es dejar que se venza el plazo establecido en el artículo 8 de la ley de tierra fiscales que, tras la modificación introducida a fines de 2017, determina que para el caso de adjudicaciones de superficies de más de 100 hectáreas “el decreto deberá ser ratificado por la Legislatura Provincial dentro del plazo de 30 días hábiles” contados a partir de la fecha “en que el asunto correspondiente tome estado parlamentario”.
En este caso, ese plazo vence a mediados del mes por lo que a partir de ese momento el decreto se tendrá por ratificado y tendrá pleno efecto legal.

La miopía cortoplacista que pone en jaque la calidad institucional    

La cuanto menos novedosa interpretación que se ha hecho del reglamento interno de la Legislatura fueguina, más allá de desnudar que dentro del bloque oficialista no hay unanimidad de criterio respecto de la ratificación del decreto en cuestión, afecta la calidad institucional de uno de los tres poderes del Estado fueguino.
Ello, por cuanto a partir de este nuevo precedente una mayoría circunstancial podrá disponer a su antojo qué asuntos pueden ser o no tratados por el parlamento, simplemente negándose a que las comisiones emitan dictamen sobre determinados temas. Es decir, la Legislatura con una mayoría simple oficialista puede convertirse en “escribanía” del Gobierno de turno. Pero, con una mayoría simple de la oposición o en una integración en la que se haya paridad de fuerza entre todas las representaciones partidarias, también en un Poder que obture el tratamiento en comisión de toda iniciativa del Ejecutivo.
En cualquier caso, los fueguinos podríamos tener que sostener un costoso Poder Legislativo que no legisle.

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