on alta probabilidad de que hoy mismo obtenga dictamen favorable, a las 10:00 comenzará a ser analizado por los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley que propone declarar la emergencia comercial en todo el ámbito de la Provincia por el término de 180 días corridos, prorrogables por igual período.
La iniciativa del Poder Ejecutivo autoriza a que la Agencia de Recaudación Fueguina, en el marco de esa emergencia, “a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite”, en tanto que prevé que “todas aquellas que no tengan sentencia al momento del dictado de la presente, continuarán su trámite hasta la emisión del fallo correspondiente, sin acto de ejecución”.
Además suspende por el término que dure la emergencia “los plazos de prescripción previstos en el código fiscal provincial para el inicio de las ejecuciones fiscales”.
Para profundizar en el análisis del proyecto, como así también en otras medidas que permitan amortiguar el impacto negativo que sobre la actividad comercial de la provincia están teniendo el proceso inflacionario y recesivo que vive el país, fueron convocado a participar de la reunión de hoy el Presidente del BTF, el Director Ejecutivo de la AREF, el Ministro de Economía, el Presidente de la Cámara de Turismo y los Directivo de las Cámaras de Comercio de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia. Hasta ayer los únicos que habrían confirmado su participación eran las autoridades de las cámaras de Río Grande y Ushuaia.
Según trascendió, más allá de que muchos legisladores de la oposición consideran que el proyecto remitido por el Ejecutivo constituye una herramienta limitada para “paliar la situación por la que atraviesa el comercio y la industria” fueguina, es muy posible que la propuesta obtenga dictamen favorable para poder ser abordada rápidamente en una sesión especial.
Desde sectores de la oposición se evaluaba la factibilidad de plantear la posibilidad de plantear una reducción de impuestos para el comercio y la industria, pero en función del impacto que el proceso recesivo está teniendo en los niveles de recaudación provincial esa alternativa no aparece como muy viable. A pesar de ello, si se plantearía la conveniencia de eliminar, o cuando menos reducir, la alícuota adicional que sustenta el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales.
