Declararon “admisible” el amparo contra la adjudicación de áreas hidrocarburíferas en Malvinas
Presentado por el municipio de Río Grande

Declararon “admisible” el amparo contra la adjudicación de áreas hidrocarburíferas en Malvinas

Es la presentación que realizó el intendente Gustavo Melella con la adhesión de gremios y partidos políticos. La jueza Federal Mariel Borruto le corrió traslado de la demanda a la Secretaría de Energía de la Nación. Y por pedido del fiscal Marcelo Rapoport fue requerida distinta documentación sobre el concurso internacional de precios. Entre otros aspectos se hace hincapié en la falta de estudios de impacto ambiental que las empresas de origen británico no habrían presentado para explorar y explotar yacimientos de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.
21/05/2019
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a jueza Federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, consideró “admisible” y le corrió traslado a la Secretaría de Energía de la Nación sobre el recurso de amparo colectivo que busca frenar la adjudicación de áreas hidrocarburíferas a empresas de origen británico en la zona de las Islas Malvinas, confirmaron fuentes judiciales.
La demanda presentada por el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, con el acompañamiento de gremios y partidos políticos, solicita la declaración de “nulidad” e “inconstitucionalidad” del decreto nacional 872/18 que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron -el último jueves- 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.
El amparo incluye una medida cautelar para que la justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas que ocurrirá “a los quince días corridos después de publicado el permiso”, advierte la demanda.
Entre otros fundamentos, la presentación señala que a través del concurso internacional, el Estado Nacional “entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina” y  habilita a presentarse a “cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)” lo que representa “una gravísima afrenta a la soberanía nacional”.
El fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, dictaminó también a favor de la admisibilidad de la demanda, y solicitó que previo a tratar la medida cautelar, se le solicite a la Secretaría de Energía “toda documentación que dé cuenta del cumplimiento de los recaudos legales” para “evitar la participación en los concursos de empresas que se encuentren en infracción respecto de dicho plexo normativo”.
Rapoport también requirió que se remitan al juzgado “los estudios de evaluación de impacto ambiental realizados para la habilitación de la actividad hidrocarburífera”, además del informe de “preselección, precalificación y/o pre adjudicación desarrollado por la comisión evaluadora” de las ofertas, incluyendo el “orden de mérito y fundamentos técnicos financieros, operativos y legales sobre cada una de las empresas concursantes”, indica el dictamen fiscal al que accedió este medio.
Según el representante del Ministerio Público, el intendente Melella se encuentra legitimado para llevar adelante el amparo colectivo, mientras que el juzgado Federal de Río Grande es competente en el caso porque “nos encontramos ante un reclamo que involucra la soberanía del Estado Argentino sobre las Islas Malvinas”.
Por su parte la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, también anunció que presentará otro recurso de amparo para dejar sin efecto la adjudicación de las áreas hidrocarburíferas en Malvinas.
Bertone basó su postura en el “riesgo” que las actividades de exploración y explotación de gas y petróleo suponen para “la industria pesquera y los recursos naturales argentinos”, y también se refirió a  la “arbitrariedad” que implica “no haber realizado los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente”.
La mandataria fueguina solicitará que tomen intervención los estamentos de control del Estado y todos aquellos que “puedan ver afectada sus actividades reguladas dentro de la Zona Económica Exclusiva”, advirtió.

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