a fiscalía Federal solicitó condenas de 5 años y 6 meses y de 9 años de prisión para las dos mujeres acusadas de participar de una red de trata de personas que tenía como base un conocido prostíbulo de la ciudad de Río Grande.
El pedido formulado por la fiscal María Hermida fue realizado ayer durante la etapa de alegatos del juicio oral y público que se lleva adelante en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.
Hermida requirió que se condene a Adriana del Valle Zapata a 9 años de cárcel por los delitos de “trata de persona con fines de explotación sexual agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima y la consumación de la explotación sexual, en concurso real con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser tres los autores”.
Por su parte, pidió 5 años y 6 meses de prisión para Flavia Lorena Garrido, a quien consideró “partícipe necesario del delito de trata de persona con fines de explotación sexual agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser tres los autores”.
A su vez, la defensa de Zapata sostuvo la inocencia de la mujer y requirió su absolución, además de insistir con una serie de pedidos de nulidad, mientras que el defensor de Garrido alegará recién hoy a partir de las 10, indicaron fuentes judiciales.
Si bien el caso ocurrido en 2013 involucra a tres mujeres, una de ellas, Carina Alejandra Bravo, no está siendo juzgada debido a la renuncia de su abogado defensor a último momento.
La investigación comenzó en septiembre de 2013, a partir de que una mujer de 21 años procedente de Buenos Aires se negó a bajar del avión en el aeropuerto de Río Grande por temor a que la obligaran a prostituirse.
La primera víctima del episodio contó a la Justicia que la habían captado fuera de la provincia y que le habían ofrecido venir a trabajar en una fábrica electrónica. Mencionó que le habían pagado el boleto de avión, pero que luego había advertido que en realidad pretendían explotarla sexualmente.
A raíz de ello intervino la Justicia Federal de Río Grande y se logró determinar que la chica iba a ser trasladada al local nocturno Le´Etoile, por entonces un conocido cabaret de la ciudad (ubicado en la calle Obligado) que fue clausurado tras este episodio.
Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a Zapata, la propietaria o encargada del negocio, quien según se presume había pagado el pasaje de la mujer y había acudido al aeropuerto a buscarla.
Con posterioridad y tras la realización de varios allanamientos, también se involucró en el caso a Garrido y a Bravo, su hija, sospechada de ser quien “despachó” a la joven desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.
Las acusadas llegaron en libertad a la realización del juicio, y en caso de ser condenadas a prisión efectiva es probable que permanezcan en la misma situación hasta que el fallo quede firme, dijeron las fuentes consultadas.
