l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego retomará hoy a las 18 el juicio por trata de personas que se lleva a cabo en Ushuaia, donde por primera vez en el país, una víctima de ese delito, Alika Kinan Sánchez, es querellante contra sus captores.
Los jueces Ana María D´allesio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli escucharán las réplicas de los alegatos producidos entre el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre, antes de que se dispusiera pasar a un cuarto intermedio hasta esta jornada.
Además, el tribunal tiene previsto resolver planteos de nulidad realizados por las partes en la etapa de cuestiones preliminares del juicio, y si ninguna de ellos es aceptado, entonces también será el turno de las últimas palabras de los tres acusados, antes de que los magistrados se retiren a deliberar para emitir una sentencia.
Fuentes judiciales confirmaron que la lectura del veredicto se realizará mañana a las 17 en el salón de audiencias de los tribunales provinciales, y no en la sede del tribunal federal donde se llevó a cabo la totalidad del juicio salvo la primera jornada.
La razón del cambio de edificio es que el salón de la justicia fueguina tiene mayores dimensiones, y de ese modo se puede asegurar el ingreso de los medios de prensa locales y nacionales interesados en el proceso, y también de los integrantes de organizaciones sindicales y feministas que acuden en apoyo de Kinán.
La Fiscalía representada por el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, solicitó en su alegato una condena de 12 años de prisión para Pedro Montoya, el propietario del local nocturno Sheik, donde el 9 de octubre de 2012 se realizó el procedimiento que concluyó con la liberación de 7 mujeres que eran explotadas sexualmente, entre ellas Alika, luego convertida en querellante contra sus presuntos tratantes.
También pidió la aplicación de una pena de 9 años de cárcel para Claudia García, pareja de Montoya y copropietaria del prostíbulo, y de 5 años para Lucy Alberca Campos, una ciudadana peruana que oficiaba como encargada del lugar.
En tanto la parte querellante, que representa a Kinán, solicitó condenas de 8 años para Montoya, 6 para García y 4 para Campos. Y exigió una condena civil de $2.365.067 contra los tres imputados y en forma solidaria contra la Municipalidad de Ushuaia, institución a la que se consideró responsable de haber "facilitado" y "legalizado" la situación de trata.
Tanto la querella como el fiscal García Lois y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, quien viajó especialmente a la capital fueguina para participar del proceso, coincidieron en la existencia de un “sistema de explotación sexual” destinado a obtener ganancias monetarias y a “convertir a las mujeres en objetos y a degradarlas como personas”.
Los acusadores detallaron que en el local nocturno funcionaba un régimen de “copas y pases” (como llaman en la jerga a las relaciones sexuales), con “pulseras metálicas para contabilizar la cantidad que se realizaban por noche”, con “un timbre que conectaba la barra del local con las habitaciones posteriores” y con “papeles de colores” que indican el tipo de servicio contratado.
También relataron cómo las mujeres fueron captadas aprovechándose de su situación de “vulnerabilidad social” y cómo fueron sometidas a condiciones de esclavitud, obligadas a vivir en cuartos “con olores nauseabundos”, a limpiar “ellas mismas las paredes de semen y de sangre” y a “mantener relaciones sexuales aun cuando estaban indispuestas”.
Los alegatos hicieron hincapié en el sistema de “endeudamiento” en el que recurrían las víctimas, quienes debían devolver el importe del pasaje que las llevó al lugar, el trámite de la liberta sanitaria y la ropa y los perfumes que compraban para trabajar, además de ser sometidas a un régimen de “multas” por incumplimientos que los propios tratantes imponían.
La querella se refirió a los “daños físicos y psíquicos” soportados por las mujeres, quienes contrajeron enfermedades venéreas, recibieron lesiones, y aun hoy sufren trastornos de sueño y pesadillas.
“Se ha degradado su erotismo y su capacidad de dar y recibir afecto, produciéndole un intenso malestar emocional, pero sobre todas las cosas se les arruinó la posibilidad de tener otros proyectos de vida”, dijeron los letrados en el alegato.
Por su parte las defensas hicieron eje en que el local nocturno explotaba “una actividad comercial lícita” autorizada expresamente por las normas vigentes y donde las mujeres “trabajaban por su propia voluntad”.
Alika Kinán se convirtió en una conocida activista de los derechos de género, que actualmente preside el Instituto “Sapa Kippa” y que es invitada regularmente a disertar en congresos nacionales e internacionales sobre la lucha contra la trata de personas.
