Un fiscal de la Cámara de Casación dictaminó que no prescriben las torturas a soldados en Malvinas
La causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande

Un fiscal de la Cámara de Casación dictaminó que no prescriben las torturas a soldados en Malvinas

Es por el caso donde se investiga a ex militares acusados de cometer actos de torturas contra soldados de su propia tropa durante la guerra de 1982. Algunos de los involucrados plantean que los hechos están prescriptos y la discusión llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal. Allí el fiscal Javier De Luca definió a los episodios como “crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos”, y por lo tanto imprescriptibles.
25/06/2019
E

l fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, dictaminó que los supuestos actos de torturas cometidos por ex militares argentinos hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas, constituyen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben, confirmaron ayer fuentes judiciales.
El pronunciamiento del titular de la Fiscalía Nº4 de la Cámara de Casación se produjo en el marco de la causa judicial que desde 2007 tramita ante el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande.
En el caso fueron ordenadas las declaraciones indagatorias de 18 ex oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a los que se les imputa haber “estaqueado” y “enterrado” a soldados durante el conflicto bélico, entre otros “tormentos y tratos crueles y degradantes”.
Sin embargo, en forma paralela, continúa una disputa legal acerca de si esos hechos se encuentran prescriptos o si por su naturaleza deben ser investigados más allá del paso del tiempo.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) resolvió en octubre de 2018 que la causa debía continuar, pero esa decisión fue recurrida por uno de los implicados, Jorge Oscar Ferrante, y así llegó a la Cámara de Casación Penal.
En ese contexto, el fiscal De Luca solicitó a los jueces que se declare a los hechos investigados como “crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos” y sostuvo que “se encuentra involucrada la responsabilidad internacional de Estado Argentino”.
El fiscal citó como argumentos normas del derecho penal internacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, doctrina de la Corte Suprema de Justicia  y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según De Luca, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos es “absoluta e inderogable, aún en tiempos de guerra, en caso de amenaza a la seguridad nacional o de lucha contra el terrorismo o por cualquier otra razón”.
También sostuvo que las denuncias realizadas por soldados al regreso del conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982, “no son meras inconductas, pequeñas faltas o delitos de menor entidad, sino que son hechos de suma gravedad por el grado de sufrimiento, humillación y el contexto en que ocurrieron”.

Un largo debate

La posible prescripción de estos hechos fue tratada con anterioridad a partir del planteo realizado por otro de los denunciados, Jorge Eduardo Taranto, quien logró que en 2009, la Sala I de la Cámara de Casación hiciera lugar a su pretensión y desestimara el juzgamiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad.
No obstante, ante la acumulación de múltiples hechos nuevos, el debate volvió a instalarse, e incluso ahora el fiscal De Luca interpretó que aquel pronunciamiento de la Cámara “debe ser dejado sin efecto”.
Mientras tanto, las indagatorias a los 18 ex militares imputados, previstas originalmente para la semana del 27 de junio al 3 de julio, fueron suspendidas el mes pasado por la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, con el argumento de que no cuenta ni con el “personal suficiente” ni con el “espacio” necesario en el juzgado.
Esa medida originó la reacción de entidades como el Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) que interviene en la causa como parte querellante.
“La resolución de la magistrada fue objetada a través de un recurso de reposición pero más allá de eso nosotros expresamos nuestra preocupación por una dilación más en el proceso que lleva 12 años de iniciado y que investiga hechos sucedidos hace 37 años”, contó el abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola.
El letrado informó que la jueza no adelantó cuál será la nueva fecha de indagatorias ni cómo piensa resolver los problemas logísticos del juzgado, pero sí escuchó el planteo de los ex combatientes realizado durante una audiencia realizada días atrás.
“El Estado debe cumplir la obligación internacional de acceso a la justicia. Hablamos de derechos fundamentales. No se puede seguir revictimizando a los soldados”, sostuvo Guerrero Iraola.

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