a causa de secuestro de más de 5 kilos de cocaína a dos mujeres peruanas, en un procedimiento que se realizo en el complejo fronterizo de San Sebastián, tuvo una insólita derivación cuando desde la Administración General de Aduana se formalizó una queja hacia las autoridades de Gendarmería Nacional, por haberse adjudicado la autoría del operativo.
El domingo, en el control realizado a un colectivo que provenía de Río Gallegos y que tenía destino final Ushuaia, se procedió a la detención de dos ciudadanas peruanas que tenían adosados a sus cuerpos un cargamento de cocaína que, al ser sometido a los peritajes de rigor, arrojó que eran 5 kilos 200 gramos.
La información trascendió a los medios de prensa locales a través de un parte oficial emanado por Gendarmería Nacional, el cual expresaba que ese organismo “en el marco de la lucha contra el narcotráfico llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, incautó 5 kilos 219 gramos de cocaína adosados a los cuerpos de dos mujeres, quienes fueron detenidas. Este procedimiento se desarrolló en la provincia de Tierra del Fuego”.
El parte de prensa también contaba con fotografías donde se veía a personal de Gendarmería junto a las dos mujeres detenidas y la droga incautada. Sin embargo, con el correr de las horas, desde la Administración de Aduana de Río Grande aclararon que el procedimiento lo hizo personal de esa institución y ello derivo en una queja formal que hizo el contador Oscar Fernández, titular de ese organismo de control.
Fernández firmó una nota que fue remitida al comandante Héctor Farfán, jefe del Escuadrón 62 de Gendarmería Nacional, en Río Grande, la cual expresa el “profundo desagrado se ha producido en este ámbito institucional con motivo de la indebida apropiación de los resultados de un procedimiento por parte de la Gendarmería, aún a sabiendas, de que el mismo se llevó adelante con fecha 20 de junio, íntegramente por personal de la aduana Río Grande, en el paso San Sebastián y culminó con el secuestro de 5,2 kg. de cocaína y la detención de dos ciudadanas peruanas”.
Señala además que “en efecto, es inequívocamente reprochable ese proceder, que fuera pergeñado desde el momento mismo de la gestación del operativo, a través de comunicados de ficticio contenido por ustedes, emitido fuera de su dependencia, en particular estableciendo contacto mediático para atribuirse insolentemente ante la sociedad fueguina, el producto de un accionar que realmente no llevaron a cabo, y más aún, proporcionando a medios de difusión periodística, engañosas tomas fotográficas extemporáneas, exponiéndose como secuestradores de la droga (que en realidad incautó personal de la Aduana Río Grande), misma que les fuera entregada a sus dependiente en esta sede aduanera a posteriori del evento contencioso, a solicitud judicial para la intervención de su competencia”.
La misiva cierra indicando: “No obstante lo expuesto, a los fines de no perjudicar una relación que siempre fue impecable en la jurisdicción, en el conocimiento que en determinadas circunstancias se deben ejercer funciones yuxtapuestas en los pasos fronterizos para acometer, entre otros flagelos, el del narcotráfico, como lo ocurrido, y con miras a una actuación mancomunada y sin suspicacias de todos los agentes que con representación oficial son destacados a la zona de frontera, se solicita a esa instancia se arbitren los medios a su alcance para evitar la reiteración de este tipo de acontecimientos no deseados”.
