l Superior Tribunal de Justicia (STJ) aguardará un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia (CM) antes de expedirse sobre el escándalo judicial protagonizado el mes pasado por un juez, su secretario y una fiscal de Río Grande que terminó con la intervención de la policía y denuncias cruzadas, informaron fuentes judiciales.
El hecho, sin precedentes en la historia judicial de Tierra del Fuego, ocurrió el 28 de junio, cuando la fiscal Laura Urquiza recurrió a la policía y le pidió que detuviera al secretario del juzgado de instrucción 2, Eduardo Tepedino, que había concurrido a su oficina por orden del juez Raúl Sahade para entregarle un expediente en mano fuera del horario de funcionamiento de los tribunales.
A raíz del episodio, Sahade y Tepedino presentaron una denuncia contra Urquiza ante el CM, y el STJ anunció el inicio de un sumario administrativo para dilucidar las responsabilidades de los funcionarios judiciales.
Sin embargo, las fuentes consultadas por EDFM confirmaron que los jueces del máximo tribunal fueguino no avanzarán en la investigación administrativa hasta que el Consejo de la Magistratura no emita primero una resolución sobre el tema.
“Es un criterio habitual en este tipo de casos. Cuando existen situaciones similares que analiza el Superior Tribunal y el Consejo, se aguarda primero un pronunciamiento del organismo que selecciona a los jueces”, detalló la fuente.
Sobre el incidente resta conocerse el testimonio de la fiscal Urquiza (hasta el momento no aceptó referirse al tema) y en especial el contexto de la relación funcional con el juzgado.
Allegados a la actividad judicial sostienen que el juez Sahade “venía teniendo actitudes de hostigamiento a los fiscales, requiriendo en reiteradas oportunidades, por ejemplo, que se expidieran en 24 horas sobre causas remitidas a la fiscalía” y que ello “fue generando una tensión que se acumuló hasta el momento del incidente”.
Der todas maneras, hasta el momento, nada de ello fue corroborado ni por Urquiza ni por otro de los miembros del Ministerio Público.
En cambio, la versión del episodio que se conoce es la aportada por Sahade y Tepedino tanto en la denuncia penal contra Urquiza como en la presentada ante el CM.
Allí se menciona que el viernes 28, Sahade le ordenó a Tepedino y al agente judicial Lucas Ghio (miembro del gremio judicial Sejup) dirigirse personalmente a la oficina de la fiscalía para llevar un expediente en el que se le corría vista al fiscal de turno para que dictaminara sobre una denuncia en trámite.
El expediente es el número 34.329, caratulado “Ibarra Rodríguez Francisco sobre denuncia”. Allí se investiga una denuncia del abogado de Río Grande Francisco Ibarra contra el fiscal mayor Guillermo Quadrini. Ibarra sostiene que Quadrini cometió los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber efectuado un requerimiento de instrucción ante la ampliación de denuncia que realizó otro abogado, Francisco Giménez, sobre presuntas irregularidades con la obra pública municipal. A criterio de Ibarra, ese mismo tema ya estaba siendo investigado en una causa distinta y no podía abrirse otra investigación por los mismos hechos. Por eso denunció penalmente al fiscal.
Ante ello, el juez Sahade le corrió vista a la Fiscalía para que un fiscal (distinto de Quadrini, que es el denunciado en el caso) emita un dictamen.
Una primera curiosidad es que como eran más de las 14 horas de un viernes (es decir, fuera del horario de actividad judicial) Sahade habilitó días y horarios inhábiles para que el caso siguiera tramitándose durante el fin de semana, otorgándole a la investigación una urgencia que no se comprende muy bien desde la lectura de las actuaciones.
Lo cierto es que con la orden del juez y el expediente en la mano, el secretario Tepedino y el agente Ghio se dirigieron a la oficina de los fiscales, y allí empezaron una serie de hechos que, relatados por sus propios protagonistas, parecen dignos de una novela.
La comitiva fue recibida por una empleada que, tras consultar a Urquiza por teléfono, se negó a recibir el expediente, y ante la insistencia de los funcionarios, la fiscal se dirigió a una comisaría y al rato ingresó a tribunales custodiada por policías y con la intención de detener al secretario que ya había abandonado la oficina.
| Escándalo judicial Requirieron en la causa penal El fiscal de Ushuaia Daniel Curtale firmó un requerimiento de instrucción para dar inicio a una causa penal donde se investigue el desempeño de la fiscal Laura Urquiza y sus colaboradores en el incidente que mantuvo con el secretario del juzgado de instrucción 2, Eduardo Tepedino, confirmaron ayer fuentes judiciales. El requerimiento de Curtale se produjo como consecuencia de la denuncia que había presentado en Río Grande el juez Raúl Sahade y el propio Tepedino, y que tramita en el juzgado de instrucción 1 a cargo del juez Daniel Cesari Hernández. La intervención de un fiscal de Ushuaia (en lugar de uno del distrito norte) se habría producido a raíz de la excusación del fiscal mayor de Río Grande Guillermo Quadrini, y por disposición del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, indicaron las fuentes. Si bien Curtale actuó durante la feria judicial de invierno, desde la justicia aclararon que el Código Procesal establece expresamente que los actos procesales “deberán cumplirse en días y horarios hábiles, salvo los de instrucción”, con lo que en este caso no hacía falta la habilitación de días y horarios inhábiles. El dictamen de Curtale habilita al juez Cesari Hernández a comenzar con las medidas de prueba para eventualmente adjudicarles la comisión de un delito a las personas involucradas. |
