Investigan posible delito de “violación de los deberes de funcionario”
Escándalo judicial en Río Grande

Investigan posible delito de “violación de los deberes de funcionario”

Es por el hecho ocurrido en junio, cuando una fiscal acudió a la policía para que detuviera al secretario de un juzgado que pretendía notificarla de un expediente fuera del horario de tribunales. El fiscal de Ushuaia Daniel Curtale requirió la instrucción de una causa para que se investigue a la fiscal y a su secretaria. Ya fueron notificadas de derechos y garantías.
31/07/2019
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l fiscal de Ushuaia Daniel Curtale pidió que se investigue el presunto delito de “violación u omisión de los deberes de funcionario público” en el caso del escándalo judicial protagonizado en junio por un juez, su secretario y una fiscal de Río Grande que terminó con la intervención de la policía, confirmaron fuentes judiciales.
Si bien se conocía que Curtale había promovido un requerimiento de instrucción (requisito básico para el inicio de una causa penal) -durante el transcurso de la feria judicial de invierno- en la víspera trascendieron detalles del dictamen del funcionario del Ministerio Público.
Allí consta que el fiscal indica como presuntas autoras del ilícito (e incluso dispone que se les notifique sobre derechos y garantías) a la fiscal de Río Grande Laura Urquiza y a su secretaria Georgina Minelli.
Según la denuncia presentada por el juez de instrucción Nº2, Raúl Sahade, y por su secretario Eduardo Tepedino, el último 28 de junio, Minelli -quien estaba en contacto telefónico con Urquiza- se negó a recibir un expediente que Tepedino le traía en mano junto con el empleado judicial Lucas Ghío, fuera del horario de trabajo habitual en tribunales.
La denuncia menciona que Urquiza llegó a requerir el auxilio de la policía para obligar a los funcionarios del juzgado a que abandonaran la oficina de la fiscalía, pero que cuando la fiscal llegó al edificio judicial acompañada por seis efectivos, la comitiva ya se había retirado, si bien se produjo un cruce de palabras en los pasillos.
A pesar de que Sahade y Tepedino plantearon en su presentación la supuesta comisión de una extensa cadena de delitos (entre ellos el de amenazas) Curtale focalizó su requerimiento en el hecho de que Urquiza y Minelli se habrían negado a recibir el expediente, cuando presuntamente estaban obligadas a hacerlo.
Según el dictamen fiscal, el delito consistiría (aunque la figura puede modificarse con el correr de la investigación) en “haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución provincial o la ley provincial”, en especial por su obligación funcional de “recepción y colocación del cargo” a los expedientes recibidos.
El fiscal acusador hace hincapié en que de acuerdo a las normativas vigentes, el secretario o auxiliar “deberá poner cargo a todos los escritos, oficio o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación”.
También se pide investigar si alguna de las involucradas ejecutó órdenes sabiendo que eran contrarias a disposiciones legales vigentes, o no ejecutó “la ley procesal penal provincial cuyo cumplimiento les incumbía”.
“Se habrían ilegalmente omitido, rehusado a hacer o retardado, actos propios de sus oficios”, señala el dictamen, y agrega que la remisión del expediente a la fiscalía “se hallaba ordenada por decreto judicial”, mientras que el expediente “fue llevado por personal propio del juzgado interviniente”.
A su vez, aunque solo de manera tangencial, Curtale desliza el hecho de que la fiscal Urquiza habría convocado a “personal policial a fin de disuadir la efectiva entrega de ese expediente, con advertencias a los integrantes del juzgado interviniente, entre otros actos de similar naturaleza”.
El fiscal expresa en el comienzo de su dictamen, que su intervención en el caso se produce “siguiendo directivas del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia”, Oscar Fappiano, lo que explica por qué no intervino un fiscal de Río Grande, donde se tramita la causa.
Además, Curtale requiere que se les notifique a Urquiza y Minelli “sus derechos y garantías con enfoque de género por su condición de mujeres”, y que como primeros pasos probatorios se convoque a prestar declaración testimonial a todas las personas que estuvieron presentes durante el incidente, aunque más no sea en forma parcial.
La causa está en manos del juez de instrucción 1 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, y se complementa con una presentación que los mismos denunciantes efectuaron ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inició de oficio una actuación sumaria, aunque como ya anticipó EDFM, fuentes tribunalicias confirmaron que el organismo aguardará una resolución del Consejo antes de emitir un pronunciamiento.
Sobre el incidente resta conocerse el testimonio de la fiscal Urquiza (hasta el momento no aceptó referirse al tema) y en especial el contexto de la relación funcional con el juzgado.
Allegados a la actividad judicial sostienen que el juez Sahade “venía teniendo actitudes de hostigamiento a los fiscales, requiriendo en reiteradas oportunidades, por ejemplo, que se expidieran en 24 horas sobre causas remitidas a la fiscalía” y que ello “fue generando una tensión que se acumuló hasta el momento del incidente”.
Der todas maneras, hasta el momento, nada de ello fue corroborado ni por Urquiza ni por otro de los miembros del Ministerio Público.

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