l Fiscal de Estado de la Provincia y los demás abogados que integran ese organismo se excusaron de intervenir, en representación de la Provincia, en la demanda de expropiación a promoverse en el marco de la obra vial denominada corredor costero Canal Beagle.
Las excusaciones fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 2134, del pasado viernes 26 de julio. En ese mismo acto procedió a designar como Fiscal de Estado Subrogante, para que actué en representación de la Provincia en la mencionada demanda de expropiación a Carlos Rizzo Corallo, abogado de planta permanente del Estado que reviste en el escalafón EPU.
Las razones por las cuales la totalidad del cuerpo letrado de la Fiscalía de Estado se excusaron de intervenir en el proceso de expropiación de unas 29 hectáreas de la Estancia Túnel y otras 152 hectáreas de la Estancia Harberton no han tomado estado público, ya que en el Boletín Oficial se publicó únicamente la parte resolutiva del decreto en cuestión.
La expropiación de una franja de 50 metros de ancho por 5,85 kilómetros de largo dentro del predio de Estancia Túnel, y otra franja de 50 metros de ancho por 30,32 kilómetros de largo dentro de los límites de Estancia Harberton fue autorizada por el Parlamento, con los votos de los legisladores del FPV-PJ y de UCR-Cambiemos, a mediados de abril de 2018.
En función de la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, la Provincia deberá desembolsar, cuanto menos, unos 2,5 millones de pesos por las 181 hectáreas involucradas en la demanda de expropiación de la franja de tierra que atravesará la traza de la obra vial que está a cargo de la empresa Felipe Gancedo y que fue licitada en unos 1.700 millones de pesos.
Esta es la segunda oportunidad en que la Fiscalía de Estado se ha excusado de intervenir en proceso judiciales vinculados a la obra Corredor del Beagle, ya que a mediados de este año lo hizo en el marco de la causa caratulada Asociación Mene’kenk y otros contra Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego sobre protección de intereses colectivos y difusos, lo que obligó al Ejecutivo a designar a la abogada Mara Susana Valenzuela, agente de gobierno que revista en el escalafón EPU, para que actué en representación de los intereses de la Provincia.
