unto a otras 12 provincias, Tierra del Fuego presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el impacto negativo que las medidas económicas implementadas por la gestión Macri tendrán para las arcas fueguinas.
De acuerdo a lo resuelto la semana pasada durante el encuentro mantenido por gobernadores y representantes de 18 provincias, el Fiscal de Estado de Tierra del Fuego; Virgilio Martínez de Sucre, formalizó ayer ante la Corte Suprema de Justicia dos presentaciones solicitando de declare la inconstitucionalidad de los decretos mediante los que el Gobierno nacional dispuso modificaciones en los impuestos IVA y Ganancias, y el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles.
De manera conjunto, pero en forma individual, también ayer por la mañana realizaron sus presentaciones Formosa, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.
El Fiscal de Estado de Santa Fe, Pablo Saccone, precisó que en las presentaciones individuales se piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales "por la fuerte defracción de recursos" y porque en función del que determina el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional " el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…”
En ese entendimiento se exige el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Por su parte, la Fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, dejó en claro que con estas presentaciones no se busca que quede sin efecto la eliminación del IVA y la modificación en Ganancias “sino que Nación ponga el dinero y no sean las provincias quienes sostengan el anuncio”.
En lo que hace al decreto que estableció que durante 90 días las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de 45,19 pesos por dólar y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril, se objeta por “inconstitucional y arbitraria” la modificación del “precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente– la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos” ya que ello perjudica “de forma directa y actual la percepción de las rentas públicas” que se destinan a atender los gastos y necesidades del Estado provincial.
