Envíe esta nota por email

or unanimidad la Legislatura aprobó ayer la ley que restableció la vigencia de la movilidad jubilatoria automática, la que adhirió a la Provincia a la ley nacional de electrodependientes y, por mayoría, la que equiparó las condiciones de acceso a la pasividad para los cargos de bibliotecario, tutor, asesor pedagógico, equipo de gabinetes interdisciplinarios psicopedagógicos y de asistencia al escolar, y departamentos de orientación con las que deben cumplir los docentes al frente directo y efectivo de alumnos.
También resultaron aprobados, en rápido trámite, los otros 109 asuntos que integraban el orden del día, y que correspondían a ratificaciones de Resoluciones de Presidencia y de convenios entre la Provincia y diversos organismos nacionales, pedidos de informes y declaraciones de interés provincial.

La emergencia no frenó la “restitución de derechos”

El único de los proyectos tratados durante la sesión de ayer que dividió aguas entre los bloques del FPV-PJ y UCR-Cambiemos y el del MPF fue el introdujo cambios en el régimen jubilatorio para el personal docente.
El proyecto en cuestión, presentado el pasado 15 de agosto por el radical Pablo Blanco, ingresó al orden del día sin contar con dictamen previo por cuanto no había sido analizado en comisión. Inicialmente, la propuesta apuntaba a que los bibliotecarios que se desempeñan en los establecimientos educativos públicos de la provincia pudieron jubilarse con los mismos requisitos exigidos para los docentes al frente efectivo y directo de alumnos; esto es al cumplir 25 años de servicio, de los cuales 10 años como mínimo deben haber sido prestados en la provincia, y 50 años de edad, y no ya con 30 años de servicios (15 en la Provincia) y 55 años de edad.
Al momento de su abordaje, Blanco anunció que esa propuesta había sido sufrido cambios, y que el nuevo proyecto sumaba, además de bibliotecarios, los cargos de tutor, asesor pedagógico, preceptor, equipo de gabinetes interdisciplinarios psicopedagógicos y de asistencia al escolar, y departamentos de orientación.
De manera inmediata, la legisladora del MPF, y vicegobernadora electa, Mónica Urquiza solicitó que el proyecto fuera girado a comisión para poder contar con información precisa y detallado sobre el universo de agentes alcanzados por el proyecto y el impacto económico de la medida para las finanzas de la Caja de Jubilaciones.
Estos interrogantes no fueron respondidos por el autor de la iniciativa, que se limitó a plantear que el proyecto venía a poner “claridad a lo que sucede” hasta ahora. Según explicó, en la actualidad cuando alguno de los agentes alcanzados por el proyecto se va a jubilar, desde la Caja se consulta al Ministerio de Educación si debe considerárselo como frente a grado o no, y quien decide “de manera arbitraria” la cuestión en el Ministro de Educación, por lo que aseveró que su propuesta “es una restitución de derechos”.
Tras un cuarto intermedio se anunció un nuevo cambio en el proyecto, que consistió, sin que nadie explicara el porqué, en la eliminación del cargo de preceptor. La votación arrojó 11 votos a favor (los de los bloques del FPV-PJ y de UCR-Cambiemos) y 4 en contra (los del MPF).
Un dato a tener en cuenta es que esta poco analizada ley se aprobó cuando todavía rige en la provincia al emergencia del sistema de la seguridad social que fuera dictada en enero de 2016, y por la cual se implementaron una serie de medidas tendientes a fortalecer financieramente al sistema.
Con la movilidad, todos de acuerdo
Más allá de que el dictamen sobre la restitución de la movilidad jubilatoria automática no fue el mismo que se había firmado el martes en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Previsión Social y Legislación General, el tema en sí mismo no generó debate alguno. De todas maneras sirvió para que desde cada bancada se explicaran las razones por las cuales habían acompañado o no las reformas previsionales impulsadas por la gestión Bertone, y en particular para que desde el radicalismo se sostuviera que votaron a favor de la movilidad semestral, ya que tanto ese como otros cambios al régimen previsional habían sido acordados previamente entre el Ejecutivo Provincial y los Intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, como parte de los compromisos asumidos en la pacto fiscal provincial del 2017.
Al momento de fundamentar su postura sobre la movilidad automática hubo coincidencia en señalar el impacto deficitario de la medida y la necesidad de adoptar medidas que den sustentabilidad financiera a la Caja. En ese marco, el radical Rubinos mencionó el encuentro que, en la previa al inicio de la sesión, habían mantenido con funcionarios del Municipio de Ushuaia, los que dijo les trasmitieron su preocupación por el impacto que para las arcas del municipio generará solventarán el déficit producido por las jubilaciones de sus agentes.
Sobre esta misma cuestión avanzó el mopofista Villegas, quien acusó al jefe de Gabinete, Oscar Souto, y al secretario de Gobierno, Oscar Becerra, del municipio capitalino “de venir a tratar de voltear la movilidad automática”.

Un postergado beneficio

Finalmente, y a dos años de que fuera presentado, los parlamentarios entendieron ayer que ya era hora de que Tierra del Fuego adhiriera a la ley nacional 27.351, a fin de garantizar  a los pacientes electrodependientes el servicio eléctrico gratuito en forma permanente.
Según se indicó, la norma beneficiara en la actualidad a unas 160 personas.
Lo sucedido en la sesión de ayer dejó en evidencia, una vez más, el particular criterio que manejan los Legisladores al momento de resolver algunas cuestiones. Mientras que el disponer un beneficio para un sector altamente vulnerable les demanda unos largos 24 meses, el restituir otros derechos les exige apenas unas pocas horas.