a Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar ayer a las medidas cautelares planteadas por 15 Provincias en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad contra los decretos nacionales que dispusieron la eliminación del IVA sobre 13 productores que integran la canasta alimentaria y la modificación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, y dispuso que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo “los efectos fiscales de la aplicación de los decretos 561/2019 y 567/2019 y de las resoluciones generales AFIP 4546/2019 y 4547/2019 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde” a las Provincia de Entre Ríos, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Puntualmente, la Corte expidió respecto de la presentación de la Provincia de Entre Ríos -aunque el criterio se hace extensivo al resto de las demandantes- que cuestionó la constitucionalidad del decreto 561/19, que encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una reducción en la base de cálculo de las retenciones para el cálculo del impuesto a las ganancias a determinados sujetos y una reducción de un 50% de los anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en concepto de impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019, y del decreto 567/19 que dispuso una alícuota del 0% en el Impuesto del Valor Agregado para la venta de aceite de girasol, maíz y mezcla; arroz; azúcar; conservas de frutas; hortalizas y legumbres; harina de maíz; harinas de trigo; huevos; leche fluida entera o descremada con aditivos, pan; pan rallado y rebozador; pastas secas; yerba mate, mate cocido y té, y yogur entero y descremado hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.
En los fundamentos de la sentencia, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti señalaron que la posibilidad de detraer recursos coparticipables debe ser dispuesta por el Congreso. Consideraron que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo “podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias” y que ello “pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su población”. Por tal razón, y “frente a la concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales de significación social alegadas” resolvieron que “los costos fiscales de la aplicación de los decretos y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias”.
“Un fallo que permite respetar lo que nos corresponde a las provincias”
Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional tras el desfavorable resultado obtenido en las PASO por la fórmula Macri-Pichetto, le representaban a la Provincia hasta fin de año un pérdida de recursos coparticipables estimados en unos 500 millones de pesos.
Ni bien conocida la resolución adoptada por la Corte, la gobernadora Rosana Bertone manifestó su satisfacción por el fallo en cuestión.
“Si bien aún no he tenido tiempo de analizar el fallo en profundidad, creo que es lo que corresponde” sostuvo la mandataria fueguina. “Tampoco tenía muchas expectativas de que el fallo saliera ahora” admitió Bertone “pero es un fallo que permite respetar lo que nos corresponde a las provincias, y ese era el objeto que teníamos cuando litigamos”, precisó.
“Nos vimos obligados a accionar judicialmente contra el gobierno nacional porque el recorte de recursos ha sido muy grave, y nos ha puesto en una situación de casi inmovilización del Estado. Nosotros, con los gobernadores, no estamos en contra de que se lleven adelante medidas paliativas para aliviar la situación de las familias argentinas, pero que eso no se haga con recursos de las provincias, porque es sacarle a uno para dárselo a otro. Estamos defendiendo lo que les corresponde a los fueguinos” afirmó Bertone.
