l último libro del prestigioso abogado de Buenos Aires Alberto Bovino, llamado “Con estos jueces, No hay derecho”, que acaba de publicarse, dedica un capítulo completo a la justicia de Tierra del Fuego, y relata dos episodios que fueron noticia local en su momento.
La obra del abogado por la Universidad de Buenos Aires, master por la Universidad de Columbia y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, incluye un hecho en el que él mismo estuvo involucrado, cuando viajó a la provincia para ejercer la defensa de Félix Donamaría, vinculado con el caso de la “contabilidad paralela” durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
Bajo el título, “Ushuaia, la ciudad de las firmas milagrosas”, Bovino relata que en 2014, advirtió que “varias firmas realizadas por dos de los jueces del tribunal de juicio en el expediente del caso, podían haber sido falsificadas. También advertimos que uno de ellos, en otro caso, mientras era secretario del juzgado de instrucción, había dado fe de la autenticidad de la firma de un juez que ya estaba retirado”.
“El episodio nos pareció gravísimo, y en julio de 2014 presenté la denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces Maximiliano García Arpón y Roberto Magraner por su intervención en la falsificación de las firmas del mismo Magraner y del ex juez (Leandro) Álvarez”, puede leerse en el libro.
Después, el también abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) recuerda que el juez del Superior Tribunal de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, brindó una entrevista por radio, donde hizo hincapié en la posibilidad de la comisión de una falsa denuncia.
“Es decir que frente a la denuncia de graves hechos de relevancia institucional, Sagastume centró su atención en mi eventual responsabilidad penal”, menciona Bovino, y agrega que entonces se dio cuenta de que el juez fueguino “pensaba realizar un peritaje que él mismo iba a controlar y, por el mismo precio, iba a rechazar mi denuncia y a perseguirme penalmente”.
Por ese motivo, continúa el texto, “presenté un peritaje privado sobre fotocopias donde se aseguraba que las firmas cotejadas no habían sido realizadas por la misma persona. También se indicaba que las firmas falsas podrían corresponder al secretario del tribunal”.
Con posterioridad, realizaron declaraciones públicas Magraner y Álvarez, y dijeron que al haber ellos mismos reconocido sus firmas, no hacía falta realizar ningún peritaje, a la vez que el Consejo de la Magistratura derivó la resolución del caso en la justicia penal, previo informe de la presidencia que se pareció a “un alegato en defensa de los jueces”, escribe el letrado en su libro.
También cuenta que el 11 de septiembre de 2014, los consejeros rechazaron la denuncia en una sesión donde no se permitió a una radio transmitir en vivo, con el siguiente argumento oficial: “En virtud de que una transmisión en vivo puede tergiversar el habitual desenvolvimiento del órgano, influir o vulnerar la tranquilidad de ánimo del cuerpo, es potestad de los consejeros permitir o no esa transmisión, lo cual no implica clausurar la publicidad de sus actos, con el fin de evitar que la publicidad de su quehacer no se transforme en un teatro”.
En tanto, ante la justicia penal, el caso de las presuntas firmas falsificadas fue cerrado en una primera instancia porque Bovino (que no era denunciante. Lo era Sagastume) no se había presentado a ratificar la denuncia en tiempo y forma, cuando él sostiene que lo notificaron tarde y a un domicilio que no correspondía.
En una segunda instancia, la jueza María Cristina Barrionuevo también desestimó el caso, luego de ordenar una pericia que, según Bovino, “fue realizada por la Policía y sin notificar a los peritos de parte para que ejercieran algún control”, además de “analizar otras firmas que no eran las que habían sido estudiadas por el informe privado” y de “no citar a los testigos propuestos en la denuncia”.
El caso Sacks
El otro caso que aparece descripto en “Con estos jueces, No hay derecho” es el del abogado Daniel Sacks, seleccionado por el Consejo de la Magistratura como camarista Civil de Ushuaia, tras haberse inscripto en el concurso poco después de cesar en su función de consejero, y luego de haber intervenido “en la decisión que había dejado vacante el cargo al que después aspiró por ese mismo concurso”, puede leerse en el libro.
A su vez, el fundador de la revista “Nueva doctrina penal” hace hincapié en que cuando fue consejero, Sacks “evaluó a algunos candidatos que luego compitieron con él”.
También recuerda que en ese momento se ventiló públicamente que Sacks había compartido estudio jurídico con uno de los consejeros que luego votó a favor de su candidatura, y que otro de los consejeros “lo tenía como asesor en la Legislatura y también tenía contratada a la esposa del abogado como secretaria privada”.
“El puesto de asesor no fue informado entre sus antecedentes de cargos públicos”, aunque Sacks fue “designado y asumió su cargo sin problema alguno”, señala la publicación.
Por último, Bovino reflexiona acerca de que “los consejos de la magistratura han sido creados, entre otras razones, para garantizar la idoneidad de los postulantes a ser jueces y el ingreso igualitario y no discriminatorio al Poder Judicial. Los consejeros fueguinos, y los de las demás jurisdicciones, actúan como si esa función fuera la de designar y proteger a los amigos, sin ninguna clase de vergüenza para ello”.
“¿Qué es lo que debemos hacer para que un órgano como el Consejo de la Magistratura cumpla con parámetros mínimos de decencia? ¿Qué es lo que debe descubrirse para que circunstancias como éstas, al ser conocidas, generen algún tipo de consecuencias, aunque se mínima, en un proceso de selección de jueces?”, se pregunta el autor en el cierre del capítulo “Tierra del Fuego: una provincia sin derecho”, al que le dedica 12 páginas de extensión.
