partir de las 10:00 de hoy los Legisladores estrenarán sus bancas para dar tratamiento, en el marco de la sesión extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo, al paquete de leyes de emergencias que presentó la gestión Melella tras haber fracasado la intención de que el viernes de la semana pasada se aprobara una ley de mega emergencia.
El desguazado proyecto original derivó en la elaboración de 5 iniciativas que impulsan las declaraciones de emergencias en el sistema sanitario; en infraestructura educativa; en infraestructura y equipamiento portuario; del Sistema de Previsión Social, y la de la Administración Pública Provincia en materia administrativa, económica y financiera.
En principio, estas dos últimas aparecen como las que más recelos generan en los bloques de oposición y las que, por lo tanto, resultarían más complicadas en su aprobación.
El primer desafió a superar para el bloque oficialista de FORJA y su aliado del MPF será conseguir los 10 votos necesarios para que los proyectos obtengan, sobre tablas, el dictamen de comisión previo e indispensable para poder ser tratados en sesión.
Para alcanzar ese umbral mínimo de votos, las bancadas de FORJA y MPF (que en conjunto suman 6 legisladores) precisan contar con el visto bueno de 4 legisladores de los bloques del PJ; Partido Verde y UCR-Cambiemos, por lo que no se descarta que la de hoy sea una jornada de largas negociaciones que demanden la presencia en el edificio legislativo de funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo.
La emergencia del sistema sanitario
El proyecto propone la declaración de emergencia por el término de 1 año prorrogable por igual período, para “garantizar a toda la población las prestaciones y servicios básicos de salud, así como promover la equidad en la atención de la salud en todos los hospitales y dependencias sanitarias de la Provincia, con base en la estrategia de atención primaria y descentralización”.
Se asegura que “existe un serio compromiso de los procesos de contratación de todo tipo, especialmente los de recursos humanos, con pagos mediante reconocimiento de gasto o a través de legítimo abono ya que no tienen contrato alguno, están vencidos o directamente observados por los organismos de control por imposibilidad técnica de conducir la contratación, poniendo al recurso profesional y técnico en estado crítico” a lo que se suma “una enorme cantidad de ingresos de personal en los últimos meses sin ninguna planificación e incluso sin tareas específicas”.
Se indica que la deuda del Ministerio de Salud asciende, aproximadamente, a 100 millones de pesos.
Para resolver la situación descripta se propone, en materia de personal, que los ingresos de profesionales y técnicos quede “exceptuado de regirse de cualquier tipo de convocatoria o concurso”. En tanto que en materia de contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y obra pública puedan realizarse por Licitación Privada o de manera directa, o a través de un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas.
Emergencia de la Infraestructura Educativa
Como en el caso anterior, la emergencia se declara por 1 año prorrogable por igual período.
Se justifica la declaración en que “la situación actual de los más de 140 edificios escolares expone la imperiosa necesidad de contar de manera urgente con la intervención en los servicios básicos y de infraestructura edilicia y con un plan de acción que permita mayor celeridad en los procedimientos, para que en un plazo perentorio pueda restablecerse el funcionamiento de los establecimientos educativos en su totalidad”.
Se indica que el relevamiento que se lleva a cabo actualmente desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha detectado “numerosas falencias e incumplimientos en cuestiones vitales para la habitabilidad de los edificios escolares”, entre los que se mencionan “la falta o deficiencia de calefacción, limpieza de ductos de calefacción por aire, purgado de radiadores y del sistema de calefacción por agua caliente, rotura de pisos por mal funcionamiento de losa radiante, rotura de calderas, falta de agua, rotura de bombas”, falta de mantenimiento de las “redes de incendio, salidas de emergencia fuera de servicio”; deficientes “condiciones de salubridad en patios externos”; “ausencia de limpieza de cisternas y de tanques de agua, y mantenimiento de bombas de alimentación y recirculación”; “filtraciones en ventanas y techos”; “falta de reposición de vidrios en la mayoría de los edificios”; falencias en las instalaciones eléctricas. en adecuación a las normas, y roturas y mal funcionamiento de los baños.
En este caso, también se propone que las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y obra pública puedan realizarse por Licitación Privada o de manera directa, y o mediante un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas.
Los mecanismos de contratación planteados en uno y otro proyecto no resultan novedosos, ya que son los mismos que la Legislatura le habilitó a la gestión Bertone.
Emergencia portuaria
Esta emergencia también es de 1 por 1 (un año prorrogable) para poder resolver las “serias dificultades” que se presentan en materia de “infraestructura y servicios portuarios, desactualización de equipamiento, desarticulación con empresas y prestadores privados e inadecuada prestación de algunos servicios, producto de una política nacional y provincial de los últimos 4 años que, a la luz de otros fines políticos más generales fueron en desmedro de la actividad portuaria provincial que conllevan a la pérdida de competitividad a nivel internacional”.
En ese marco se plantea la necesidad de “ampliación del muelle comercial multipropósito de Ushuaia”; la reparación o reconstrucción del muelle de catamaranes y embarcaciones menores”; la adquisición “defensas del muelle comercial, que actualmente se alquilan a una empresa privada”; la “reparación de las zonas de tránsito de camiones, contenedores y peatones”; “ mejora del sistema de provisión de agua potable para los buques y cruceros turísticos”; la compra de “maquinaria pesada a fin de incrementar la prestación de servicios propios”, de “repuestos y herramientas para el funcionamiento y mantenimiento de infraestructura y maquinas portuarias”, de equipamiento de “soporte a pasajeros que circulan por el puerto (maleteros, carros de traslado, etc.), la adquisición de sistemas de control de pasajeros y cargas, y la actualización de “protocolos de seguridad y de contingencias” y de los “sistemas de comunicación”.
Para ello se autorizan “contrataciones mediante el procedimiento de licitación privada o de manera directa de compras, obras y contratos” o a través de “un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas”. Ser habilita además a que la Dirección de Puertos pueda contratar “directamente obras, provisiones, instalaciones y montajes” que sean considerados de relevante interés público por razones de urgencia, de especialidad, ecológicas, de avance tecnológico, de mejoras significativas del servicio del puerto de que se trate, sobre otras alternativas fuera de la Provincia”, y en cuyo caso “el contratante del Estado acepte el pago diferido sin cargos financieros de las prestaciones que realice (…) y que ese pago diferido pueda compensarse con tasas u otros servicios prestados por la DPP”; “que los precios de las prestaciones del contratante del Estado sean razonables según las condiciones de plaza, sin incluir cargos financieros” y “que las obligaciones y derechos del contratante del Estado se instrumenten en un contrato a plena satisfacción de la DPP y con previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
Emergencia del sistema de previsión social
En este caso, la emergencia se declara por el plazo de 2 años, contados a partir del 1° de enero de 2020, prorrogable por igual período, pero además establece que los términos de la emergencia “se aplicarán a toda disposición legal dictada o que se dicte con posterioridad, o en ejercicio de las facultades otorgadas, siempre que se haga referencia expresa a la emergencia, aun cuando la vigencia de las mismas se extienda más allá de la vigencia de la presente ley”.
Se reseña que el último informe actuarial con datos al 31 de diciembre de 2018 “da cuenta del déficit creciente proyectado para los próximos años, arrojando resultados negativos estimados que superarán en el año 2023 los 1.700 millones de pesos” y que en el ejercicio económico 2019 se evidenció “un déficit de más de 824 millones de pesos”, que se estimó será superior el próximo año.
Se asegura que las leyes sancionadas durante la anterior gestión “tuvieron por finalidad la creación de recursos y fuentes de financiamiento extraordinarias para cubrir el déficit del sistema”, pero que “lejos de proveer recursos extras al sistema previsional, esas medidas financiaron el pago corriente de aportes y contribuciones”, lo que se corrobora “con los datos obtenidos del año 2018, ya que el organismo debió recibir alrededor de 1.530 millones de pesos adicionales” pero sólo se verificó “la disminución de activos financieros” por 450 millones de pesos, lo que implica que más de 1.000 millones de pesos de los recursos afectados no ingresaron como aportes extraordinarios”.
Para financiar el déficit operativo previstos, se planeta “la utilización de una proporción de las utilidades el Banco de la Provincia, el aporte adicional del 5% por parte de funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, autoridades electas y designadas de la Legislatura Provincial, autoridades de los Órganos de Control de la Provincia, y de aquellos que cumplen funciones directivas y gerenciales del Banco Provincia de Tierra del Fuego”.
Asimismo, se establece “un aporte compensatorio del 12% del haber pleno hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a los pasivos que para acceder al beneficio previsional se les computó al cese servicios con aportes a caja provincial por un lapso menor a 10 años y que perciben un haber previsional que supere la asignación básica remunerativa del Gobernador” y se determina también que “ anualmente se debe remitir a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego el exceso de ingresos percibidos sobre los gastos devengados de la Agencia de Recaudación Fueguina”.
Se fija que “el límite máximo para determinar aportes y contribuciones serán calculados sobre la asignación remunerativa de quien ejerce el Poder Ejecutivo. Por encima de ello, se prevén aportes adicionales”. El proyecto también determina el mecanismo que se deberá seguir para el pago de deudas de los organismos aportantes con la Caja de Previsión Social.
Salvo pequeñas diferencias, la iniciativa en cuestión es un calco de las ley de emergencia del sistema previsional que vence a fin de año.
Emergencia de la Administración Pública Provincial
Bajo esta denominación, el Poder Ejecutivo impulsa que la Legislatura declare por 2 años la emergencia administrativa, económica y financiera, con posibilidad de ser prorrogada por igual período, para “dar prioridad a la satisfacción de las necesidades colectivas, los derechos humanos básicos y el cumplimiento del rol del Estado para asegurar el bien común ante las dificultades por las que atraviesan las finanzas públicas y la situación de carencia en que se encuentra una importante parte de la población”, propendiendo “al equilibrio presupuestario y financiero provincial, a la intangibilidad de los recursos públicos para el más eficiente cumplimiento de los fines a que están destinados y a fijar la reestructuración de las obligaciones que componen la deuda pública”, y a la reactivación “del funcionamiento de la economía con la premisa fundamental de mantener y mejorar el nivel de empleo”; “asistir, acompañar y fortalecer a aquellos habitantes en condiciones de alta vulnerabilidad y peligro social” y habilitando “una revisión y actualización funcional, organizacional y administrativa en orden a una mejor ejecución de políticas públicas, a fin de que el Estado cumpla con sus funciones básicas, propias e indelegables”.
En resumidas cuentas, el proyecto reitera el grueso de los artículos que contenía el proyecto de emergencia económica inicialmente presentado por el Ejecutivo.
A partir del rechazo que aquella propuesta generó en los municipios se eliminaron aquellos artículos que habilitaban el pago de deudas con los municipios hasta en 24 meses, con fondos de afectación específica, Letras del Tesoro Provincial o mediante sesión de terrenos o bienes inmuebles propiedad de la Provincia; la revisión y anulación de convenios de asistencia financiera no reintegrable y de transferencia de bienes o de facultades del Estado Provincial a los Municipios; o la suspensión por 2 años de ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenen a la Provincia en sentencias favorables a los Municipios. Se excluyó también el artículo que habilitaba al Ejecutivo a disponer la “extinción, supresión, transformación, escisión o fusión unidades administrativas, organismos, empresas públicas o dependencias orgánicas cualquiera sea su denominación, naturaleza jurídica de funcionamiento o creación y ubicación estructural”.
Se mantiene vigente la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 2 mil millones de pesos “para cumplir con las obligaciones financieras de carácter urgente o impostergable”, las que deberán . ser reembolsadas en el mismo ejercicio en que se emitan, como así también la suspensión de las “ejecuciones de sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero”, como así también el régimen de excepciones a esa suspensión, en las que no se incluyeron las deudas con los municipios. Da la impresión que, en términos más generales que en el proyecto anterior, se mantiene vigente la posibilidad de pagar deudas de coparticipación con Letras y dejar en suspenso el cumplimiento de sentencias favorables a los municipios.
También se reitera la autorización para “readecuar o renegociar aquellos contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución, cualquiera fuere su naturaleza, que generen obligaciones a cargo del Estado Provincial, existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente”. Para argumentar la necesidad de esta emergencia, reitera los fundamentos esgrimidos en el frustrado proyecto de mega emergencia referidos al alto nivel de endeudamiento y desempleo que registra la provincia, la caída de la actividad comercial e industrial y el atraso salarial en el sector público.
