n la Municipalidad de Río Grande la cancelación de planes y contratos de locación de servicios que vencieron el 31 de diciembre, generaron una serie de reclamos, pero no de entidades sindicales ni de representantes de trabajadores, sino de sectores políticos de Forja, tal es así que los Concejales de esa fuerza resolvieron realizar un pedido de informes para clarificar la situación.
La baja de contratos se sumó a la polémica que se generó con el descuento salarial que alcanzó a muchos empleados de la Municipalidad, que ocupaban cargos como funcionarios y que protagonizaron un éxodo masivo para asumir en nuevas tareas en el gabinete provincial del gobernador Gustavo Melella.
Al parecer la actual gestión de Martín Pérez advirtió que se habían liquidados proporcional por vacaciones que no correspondían y por lo tanto se procedió a hacer el descuento, abonando el salario correspondiente hasta el 16 de diciembre, fecha en que fueron dados de baja al ser incorporados como personal de la administración central.
Desde la Municipalidad, el secretario de Gobierno, doctor Gastón Díaz, explicó que se está haciendo un revisión de alrededor de 1200 casos de personas que está en modalidad de contratados y que son beneficiarios de planes, garantizando la continuidad de muchos de ellos.
Alrededor de 200 casos de personal que tenía un contrato de locación de servicio y que ingresó con un plan laboral, en el que todos tenían como fecha de finalización el 31 de diciembre; fueron desvinculados de la Municipalidad.
A partir de la situación, en el Concejo Deliberante se hicieron eco los Concejales de Forja, quienes presentaron una nota al Ejecutivo municipal para que se brinde un informe sobre el criterio que se tuvo en cuenta para proceder a dar de baja al personal afectado por la medida.
Más allá de la decisión política, no descartaron que desde ese bloque político se brinde el asesoramiento a los empleados que fueron dados de baja, para accionar legalmente contra la Municipalidad.
Al respecto, el concejal de Forja, Javier Calisaya advirtió que “habrá que ver en otro momento qué tipo de decisiones se toma porque si esto no se revierte, habría que conformar una comisión que investigue cuáles fueron las razones y si efectivamente fue una persecución política e ideológica o no”.
El planteo que surgió de los Concejales de la oposición tuvo respuesta por parte del concejal Hugo Martínez del Frente de Todos, quien criticó que a Calisaya "su preocupación nunca fue defender trabajadores, sino la no renovación de contratos políticos de varios de sus familiares” y recordó que la caducidad de los contratos que se dieron de baja era el 31 de diciembre, fecha que fue fijada por el ex intendente Gustavo Melella.
El Concejal además denunció que “la anterior gestión municipal minó con más de 600 contratos políticos la administración durante la campaña electoral y luego en la transición” y que "para dar transparencia, la gestión de Pérez al frente del Municipio ha revisado cada una de la incorporaciones políticas del último año”.
Martínez informó que “los equipos del Intendente me han informado que trabajan en un plan de reordenamiento del personal precarizado del Municipio, que alcanza las 1200 personas, a los efectos de mejorar sus tareas y remuneración en cada una de las áreas”.
