l Poder Ejecutivo anunció ayer que resolvió revocar el decreto mediante el que la ex gobernadora Bertone había ratificado el 6 de diciembre el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Administración Pública Provincial, por considerar que esa norma “ostenta vicios” que lo tornan “nulo de nulidad absoluta”. En el decreto 101/20, dictado ayer, también se instruyó al Ministerio de Trabajo a que también revoque “por razones de ilegitimidad la Resolución 217/19, a través de la cual el 29 de noviembre del año pasado el por entonces ministro Jefe de Gabinete, a cargo del Ministerio de Trabajo, se procedió a homologar el Convenio suscripto con ATE, UPCN y ATSA.
A entender de las autoridades provinciales, los actos revocatorios dictados implican que ninguna de las pautas contenidas en el convenio ha generado derechos para los empleados alcanzados.
El actual titular de la cartera laboral, Marcelo Romero, justificó la determinación argumentando que está en concordancia con lo planteado por el Fiscal de Estado en cuanto a las irregularidades contenidas en la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo y que el mencionado convenio “no hace más que favorecer a ciertos personajes de la política fueguina y en nada benefició a los trabajadores de la administración pública”.
En ese marco se indicó que el instrumento cuestionaba habilitaba “el pase a planta permanente de más de mil agentes provinciales de distintas categorías, entre los que se encontraban más de 280 funcionarios de la última gestión”.
Durante la conferencia de prensa brindada ayer por el Ministro, el Secretario de representación política del gobierno, Federico Runín, y el Secretario de Gobierno, Diego Carol, se afirmó que la norma en cuestión “compromete seriamente las arcas del Gobierno Provincial” ya que su aplicación implica una mayor erogación en salarios. “En ningún momento se hizo un análisis ni se trabajó sobre la cuestión presupuestaria. No se tuvo previsión presupuestaria ni se analizó el gasto” por lo que “este convenio compromete todos los recursos del Estado que no son de Gustavo Melella, sino que son de todo el pueblo de Tierra del Fuego, es algo grave”, precisó el Secretario de Gobierno.
Por su parte, Federico Runín detalló que “en el año 2009 se fijó un reglamento interno que no fue tenido en cuenta, y eso deja al convenio colectivo en un marco de ilegitimidad e ilegalidad”. Agregó que “al informe de la Fiscalía de Estado se suman uno del propio Ministerio de Trabajo y otro del Ministerio de Economía”.
El funcionario dijo que además “llama poderosamente la atención que durante años no hubo convocatoria a paritarias para esto, y en tan sólo un mes se procede a definir un nuevo temario y una nueva convención sin atenerse a ninguno de los reglamentos internos. Esto no lo podemos consentir”.
De todas maneras, se dejó en claro que es intención de la gestión Melella “avanzar en una nueva herramienta que realmente mejore la calidad de vida de los trabajadores, que se subsanen los errores y que se recuperen los derechos de los trabajadores estatales”, y que para ello se convocó a los referentes sindicales a una reunión a desarrollarse el próximo miércoles, en el ámbito del ministerio de trabajo, “para trabajar en un nuevo convenio colectivo, de acuerdo a la buena fe que mandan las leyes, discutido con el conjunto de los trabajadores, que sirva para todos y no para algunos pocos, que realmente mejore las condiciones de trabajo y que establezca la carrera administrativa”.
