Advirtieron a la OSEF por deficiencia en la matriculación de un abogado
Ejerció el cargo sin estar matriculado

Advirtieron a la OSEF por deficiencia en la matriculación de un abogado

Se trata del doctor Marcelo Leonardo Marino, quien ejerció el cargo en la Obra social sin cumplir con el requisito de estar debidamente matriculado en la provincia. El Tribunal de Cuentas exhortó a las actuales autoridades del organismo que se evite incurrir en esa irregularidad, ya que se procederá a sancionar a los funcionarios que así lo permitan.
18/02/2020
E

l Tribunal de Cuentas de la Provincia exhortó a las actuales autoridades de la Obra Social que exijan el cumplimiento de ley que todo abogado que ejerza la profesión para ese organismo, sea o no en la provincia, esté debidamente matriculado en Tierra del Fuego, de lo contrario serán sancionado aquellos funcionarios que permitan esa irregularidad.
Mediante resolución plenaria 16/2020, fechada el 5 de febrero, el órgano de contralor comunicó a la presidencia ejercida por Sonia Ruth Milstain que “extreme los recaudos tendientes a constatar que el personal que se desempeñe en su ámbito, cumplimente los requisitos para ejercer la profesión de abogado en Tierra del Fuego”.
“Serán pasible de sanciones todos los funcionarios que permitan el ejercicio y la percepción de haberes de aquellos que no den cumplimiento” a lo que obliga la ley, indica el exhorto emitido por el TCP.
Lo resuelto por el órgano de contralor surgió tras una denuncia realizada por la actividad ejercida por el doctor Marcelo Leonardo Marino, quien fue designado por la anterior presidenta de la OSEF, Liliana Conti, para desempeñarse como Coordinador Jurídico, tarea que hizo hasta el 10 de diciembre pasado, sin haber acreditado matrícula en Tierra del Fuego.
El profesional incumplió la exigencia de la ley provincial 607, que dispone en su articulo tercero que para ejercer la profesión de abogado en la jurisdicción de Tierra del Fuego se requiere: a) poseer titulo universitario habilitante expedido por autoridad competente; b) hallarse inscripto en la matrícula; c) haber jurado ante el Colegio Público de Abogados correspondiente al distrito judicial de su domicilio.

Descargo que no lo fue

Cabe indicar que la Fiscalía de Estado había advertido la irregularidad con las actividades del doctor Marino, tras lo cual surgió un descargo de la entonces  presidenta de la Obra Social, Liliana Conti, indicando que “respecto al tramite de matriculación del doctor Marcelo Marino, ha sido cumplimentado en el Colegio de Abogados de Ushuaia, abonando los aranceles correspondientes y presentando la documentación solicitado por el mentado colegio”.
Señaló además que “el Coordinador Jurídico nunca ha oficiado como apoderados de la Obra Social, no ha intervenido en juicios, limitándose sus funciones a tareas de coordinación interna en la obra social y asesoramiento” la Presidencia; destacando que está matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal bajo matricula NT 59 F 90; por lo que supervisa los juicios que la obra social tiene en Buenos Aires.
Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas, se consignó que Conti “no aporta documental alguna que acredite la matriculación del profesional en el Colegio Público de Abogados de Ushuaia o acciones concretas realizadas luego de la notificación de la Fiscalía de Estado, salvo la aceptación de la renuncia, de la cual tampoco se adjunto copia del acto administrativo correspondiente”.

La palabra del Fiscal de Estado

La decisión de los Vocales del Tribunal se sumó a un dictamen que fue emitido en su momento por la Fiscalía de Estado, donde advirtió que de “las tareas que realiza el Coordinador Jurídico de la Obra Social, como de la documentación remitida, resulta ineludible corroborar que el abogado debe contar con matrícula profesional, cumpliendo lo que establece la ley 607 en su artículo 3º que regula el ejercicio de la profesión de abogado”.
El Fiscal señaló que quedó acreditado que el abogado Marino “ejerce funciones de auditoría jurídica, la cual no se limita a las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, sino que incluye el control de juicios a cargo de la Dirección General Jurídica con asiento en Tierra del Fuego, a lo que se suma que todos esos documentos y funciones han sido generados en Ushuaia”.

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