as defensas de los cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas procesados por la imposición de tormentos a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, apelaron la resolución dictada por la jueza Federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, el último 18 de febrero, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Los recursos de apelación fueron presentados por los abogados de los ex militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino, a quienes Borruto halló “prima facie” como coautores de las torturas a conscriptos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.
Una vez deducidos los recursos, las actuaciones fueron giradas a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, que interviene como tribunal de alzada del juzgado fueguino, indicaron las fuentes consultadas.
Por su parte, la fiscalía representada por el fiscal Marcelo Rapoport también apeló la falta de mérito dictada por Borruto en favor de Garde, relacionada con un hecho de tortura donde habría resultado víctima el ex soldado José Alberto Yanevich.
Rapoport interviene en el caso con la colaboración de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos.
La funcionaria que presenció las indagatorias de los primeros ex militares citados a declarar (de una lista de más de 20) había calificado el caso como “trascendente” e integrante de “un pasado histórico, triste y duro que no debemos ocultar”.
En la misma línea, tanto las indagatorias como el posterior procesamiento fue calificado de “histórico” por integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que intervienen como querellantes en la causa.
La resolución judicial fue la primera surgida de la megacausa 1.777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública” que comenzó en 2007 luego de la investigación realizada por el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, y donde se denunciaron 105 casos de torturas que comprenden a 120 víctimas y a 105 militares involucrados.
El fallo de Borruto, ahora apelado, comprendió las responsabilidades de cuatro oficiales del Regimiento de Infantería Nº 5 Paso de los Libres, que durante el conflicto bélico ocupó lugar en la posición de “Puerto Yapeyú” o “Puerto Howard”.
A Garde se le imputaron 18 hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados) a Gassino el enterramiento de cinco soldados y a Calderini el estaqueamiento de dos.
Uno de los hechos, por ejemplo, comprende el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro refiere la muerte de dos soldados durante esos vejámenes, aunque la justicia también dictó “faltas de mérito” por no poder demostrar la participación de los imputados en algunos de esos episodios.
Otro de los aspectos de la causa que seguirá debatiéndose judicialmente es si trata de delitos de lesa humanidad: la jueza Borruto ya opinó que si bien las torturas pueden no haber sido parte de una “práctica sistemática”, el plan de exterminio de disidentes de la dictadura militar brindaba “un amparo” a los militares en Malvinas, convirtiéndolos en delitos de lesa humanidad.
El fallo de la magistrada también determinó que los acusados seguirán en libertad, aunque sus bienes serán embargados por cifras de entre 1 y 5 millones de pesos.
