l presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Gonzalo Sagastume, negó que en Tierra del Fuego exista una “liberación masiva de presos”, y adelantó que el organismo “analizará con absoluta seriedad” los recursos derivados de las prisiones domiciliarias otorgadas a reclusos en la ciudad de Ushuaia, que generaron una gran polémica social en los últimos días.
Sagastume fue consultado por EDFM a raíz de las decisiones que adoptó en las últimas jornadas el juez de Ejecución Manuel López, quien otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a ocho internos, algunos de los que cumplen condenas por delitos graves, como homicidios o robos con armas.
Entre los alcanzados por esas medidas se encuentran, por ejemplo, una mujer que mató a su hijo recién nacido, un joven que participó del crimen de un sereno en una pesquera, dos hombres que mataron a otros dos, y un joven que atropelló a una joven y la arrastró varias cuadras con su auto, entre otros.
Los nombres de estas personas, junto con sus fotografías y un resumen de sus crímenes, fueron difundidos a través de una cadena de WhatsApp y por las redes sociales, generando una encendida polémica.
Por su parte en la ciudad de Río Grande, como informó EDFM, la jueza de Ejecución Natalia Buitrago analizó pedidos de prisión domiciliaria presentados por más de 30 internos, lo que representa el 30% de la población carcelaria, aunque rechazó 20 de esos recursos y tiene en análisis los restantes, sin haber otorgado ninguno hasta el momento.
Al respecto Sagastume dijo que no podía referirse en forma específica a ningún caso porque ello implicaría “preopinar sobre situaciones que pueden llegar a resolución del Superior Tribunal”.
Sin embargo, dijo que los jueces “somos parte de la comunidad” y “no tengan duda de que las resoluciones que adoptemos serán analizadas con absoluta seriedad, sin poner en peligro a la sociedad y sin estigmatizar, más de que lo supone el cumplimiento de una pena, a las personas privadas de la libertad”, señaló el magistrado.
En ese contexto, sostuvo que aún “sin comprometer la opinión del tribunal, creemos que no existe una liberación masiva de presos”.
“Lo que sí hubo (además de las prisiones domiciliarias otorgadas) fueron traslados de internos a unas cabañas para evitar contagios de coronavirus en individuos que pertenecen a grupos de riesgo. Porque la obligación del Gobierno, a través del Servicio Penitenciario, es velar por la salud de los internos”, indicó Sagastume.
El titular de la Corte provincial participó de una reunión realizada el jueves con la ministra de Gobierno Adriana Chaperón, y funcionarios judiciales (jueces de Ejecución, defensores y fiscales) para evaluar la situación penitenciaria ante el COVID-19.
Según un parte de prensa derivado de ese encuentro, “los funcionarios y magistrados dieron cuenta del escenario existente en los establecimientos penitenciarios de Río Grande y Ushuaia, y se concluyó que cada uno de ellos presenta particularidades específicas”.
Además, los jueces López y Buitrago, así como el Defensor ante el STJ, Gustavo Ariznabarreta, explicaron “el tenor de las distintas presentaciones y peticiones que efectuaron los internos y se intercambiaron ideas y opiniones de cómo afrontar eventuales inconvenientes que podrían generarse”.
De manera unánime, las autoridades coincidieron que se trata de una cuestión de “suma importancia”, que requiere de un seguimiento “adecuado”, por lo cual se propuso la creación de una comisión especial.
En la reunión también estuvieron el director del Servicio Penitenciario, Claudio Canovas y la Secretaria de Derechos Humanos del gobierno, Abigail Astrada.
