l Tribunal de Juicio de Ushuaia, rechazó 12 pedidos de prisión domiciliaria y siete excarcelaciones, a personas que se encuentran privadas de la libertad y que se encuentran bajo su órbita. Pese a ello, el Superior Tribunal de Justicia evitó informar los casos en los que sí fueron concedidos los beneficios por de la Justicia de Ejecución y que alcanza a unos 10 condenados.
En el caso del Tribunal de Juicio, los detenidos plantearon que por las medidas adoptadas por la Provincia de mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID- 19, y al estar cerrados los aeropuertos y los pasos fronterizos, no existía peligro de fuga, y que por otro lado el servicio penitenciario no se encontraba en condiciones para garantizar la salud de los internos por riesgo de contagio.
No obstante, a las solicitudes, el Tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla, entendió que el riesgo de fuga “no depende de factores externos sino que quien tiene que dar la certeza que no se va a fugar es el imputado”.
En tanto que sobre las condiciones sanitarias de las dependencias penitenciarias, se aclaró que el Servicio Penitenciario tomó todos los recaudos necesarios ante el virus del Covid-19 y que la Provincia no presenta problemas de hacinamiento como ocurre a nivel nacional.
En el caso de las personas privadas de la libertad que integran los grupos de riesgo y para poder resguardarlos por su estado de vulnerabilidad, se habilitaron Las Cabañas del Pipo para poder aislarlos de los demás internos.
La negativa de los jueces García Arpón, Pagano Zavalía y Bembihy Videla, contrasta con la posición del juez de Ejecución Manuel López, quien ha asumido un criterio más garantista y permitió que una decena de presos, muchos de ellos condenados por homicidios o violaciones, puedan acceder a la prisión domiciliaria. La decisión entre ambos fueros dejó en evidencia que hay dos criterios dentro de la justicia fueguina, uno más propenso a sostener las prisiones ya dictadas en los juicios, y otra que busca beneficiar a los presos con condenas firmes.
