or considerar de “trascendental importancia promover desde la propia Provincia que incluye en su jurisdicción a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, una acción que construya un nuevo marco normativo en torno a la relación bilateral con el Reino Unido para revertir la situación actual que lesiona los intereses nacionales y provinciales y, que la misma, sea gestada a partir de un nuevo esquema que permita el involucramiento de los múltiples actores que configuran la gobernanza de nuestro territorio y que tenga como fin último la solución pacífica a la disputa de soberanía que nos aqueja hace más de 187 años, en consonancia con las resoluciones de la ONU”, el gobernador Melella remitió a la Legislatura una proyecto de Resolución apuntado a lograr que el Congreso de la Nación deje sin efecto “el marco normativo que actualmente regula la relación bilateral entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, incluye específicamente a los entendimientos provisorios relativos a la Declaración Conjunta de ambas delegaciones del 19 de octubre de 1989 y del 15 de febrero de 1990, denominados coloquialmente como "Acuerdos de Madrid" I y II, respectivamente y al Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 como "Acuerdo Foradori-Duncan”.
En la iniciativa se requiere que la Legislatura, en los términos del artículo 106, inciso 6 de la Constitución Provincial y de la ley provincial 98, instruya a los Senadores Nacionales por la Provincia e invite a los Diputados de Tierra del Fuego “para que, en función a sus competencias, articulen los medios necesarios a fin de impulsar el debate y la sanción de un marco normativo en torno a los entendimientos bilaterales provisorios con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, para el debido cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia, dejando sin efecto los denominados Acuerdos de Madrid I y Madrid II”; “realicen las gestiones conducentes a la derogación de la Ley Nacional N° 25.290 sancionada el 13 de junio de 2000 (que aprobó el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y la denuncia del Tratado de Nueva York de 1995 relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, celebrado el 4 de diciembre de 1995”, como así también para que impulsen “abordar en el ámbito del Congreso de la Nación el debate en torno a las consecuencias de la vigencia y aplicación del Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, denominado coloquialmente como "Foradori-Duncan", para su posterior desechamiento”.
Desde el Ejecutivo se sostiene que “tanto los gobiernos de los '90 como el del período 2015-2019, primaron resolver aspectos económicos y comerciales por sobre la cuestión de soberanía, obteniendo sólo como resultado la materialización de estos acuerdos, que no han representado ningún beneficio sustancial para nuestra posición y ni han modificado un ápice la intransigencia británica para resolver la disputa de soberanía de conformidad a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, y que además resultan contrarios a la política adoptada sobre el particular por “el Gobierno del Presidente Alberto Fernández, que ha retomado la senda trazada por nuestros constituyentes, en la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional, a efectos de establecer una verdadera Política de Estado respecto a la cuestión de las Islas Malvinas con el objetivo de poder recuperar el ejercicio efectivo de los territorios usurpados”.
Melella sostiene que “los distintos representantes del pueblo fueguino poseen sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar estos territorios; visibilizar el colonialismo y las aberrantes prácticas que lleva adelante el usurpador y la amenaza que esto supone al Departamento Antártida Argentina; construir alianzas estratégicas y generar herramientas que faciliten a nuestro Gobierno Nacional el cumplimiento del precepto expresado en nuestra Carta Magna”.
