cumplirse exactamente dos años desde que presentara ante la Legislatura por primera vez el proyecto de ley que apunta a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y el derecho al acceso a la información, el Tribunal de Cuentas volvió a presentar esa iniciativa para que tome nuevamente estado parlamentario.
La iniciativa, que durante 2020 y 2021 no fue tratada por los legisladores, propone que todos los organismos, dependencias y estamentos de la Administración Pública Provincial -incluidos Poderes Judicial y Legislativo, órganos de control, empresa y sociedades del Estado, fideicomisos públicos, fondos fiduciarios y otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y Banco de Tierra del Fuego- estén obligados a publicar gratuitamente de forma mensual, actualizada y de manera comprensible en sus páginas web “la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de sus actividades relacionadas con el funcionamiento y control de la actuación pública” más allá de que aquella que se difunde a través del Boletín Oficial de la Provincia.
Para limitar la libre interpretación que se pueda dar respecto de los alcances de la información que obligatoriamente debe ponerse a disposición de la comunidad, la propuesta determina que aquella estará referida “a la información institucional, organizativa y de planificación”, la “de relevancia jurídica” y la “económica y financiera”. En esta última categoría específica toda aquella referida a compras, contrataciones, obra pública, convenios, subvenciones y ayudas públicas, ejecución presupuestaria de gastos y recursos, movimientos y situación del Tesoro, deuda pública, deuda previsional y asistencial, fondos permanentes, órdenes de pago, detalle de concesiones, coparticipación a municipios, modificaciones presupuestarias, inventario de bienes y facturación de servicios, según corresponda.
El Proyecto establece que el propio Tribunal de Cuentas será autoridad de aplicación de la ley, por lo que estará habilitado a aplicar sanciones por incumplimiento a lo previsto en la norma.
