ndrés Dachary, secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, se refirió a la polémica desatada por la instalación de una antena radar en Tolhuin por parte de una empresa de capitales británicos y a la responsabilidad e injerencia que tiene la provincia en este mediático asunto.
Dachary explicó que existen cuestiones que, por el carácter federal del país, son funciones delegadas al Gobierno Nacional: “todo lo que tiene que ver con la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones, son temas que administra el Gobierno Nacional. Esto no es para evadir responsabilidades, sino de a quién corresponden o no las aprobaciones”.
El secretario indicó que ya hay instaladas en nuestra provincia muchos más sensores, “porque la estación astronómica Río Grande trabaja con distintos programas espaciales. Ha trabajado ya con la NASA, hay sensores de China, hay sensores de Alemania y demás. Se canaliza por el mismo mecanismo”.
Además, Dachary agregó que una segunda instancia referida a una autorización del gobierno de la provincia, se limita “a lo ambiental, referido al impacto de la posibilidad de que afecte o no al entorno, una aprobación que no tiene que ver con la capacidad, la orientación, o la funcionalidad que pueda llegar a tener la antena”.
El funcionario aclaró que el origen de la polémica se dio a partir de una publicación en un medio desconocido y subrayó: “el cuestionamiento está dado desde un lugar de lo que se llamaría la actitud. Es decir, hay un proyecto que se presenta con un objetivo que es instalar una estación para monitorear lo que es basura satelital, y esta información ser vendida. El cuestionamiento pasa de esto, a algo que podría tener una utilidad militar y ser un objetivo en caso de una tercera guerra mundial”.
En relación a la empresa responsable de la antena radar, Dachary expresó que el 95% forma parte de una empresa de origen irlandés y el 5% es una empresa del Reino Unido. “Para nosotros esto, más allá de las decisiones finales que tome el Gobierno Nacional, sí debería ser modificado, porque es una incongruencia estar de cierta manera favoreciendo el desarrollo económico de una empresa británica con generación de información, más allá de que no sea militar, desde la provincia de Tierra del Fuego” consideró.
El Ministerio de Defensa solicitó más información sobre el proyecto, y en respuesta, la Secretaría de Comunicaciones retiró la habilitación temporal de la antena y envió los detalles del proyecto al Ministerio de Defensa y la Cancillería para su evaluación.
En tal sentido, Andrés Dachary dijo a modo de conclusión: “a partir de ahí deberían definir si van a volver a otorgar este permiso temporario para que pueda volver a funcionar, o remover esta empresa a partir de la mirada de los ministerios. Y en el caso de que se vuelva a otorgar el permiso, sí, para la provincia se debería resolver lo que es el capital accionario, de cierta manera replanteando la arquitectura societaria y eliminando la empresa del Reino Unido”.
