partir de la decisión adoptada por el Gobierno nacional de modificar, en favor de las empresas prestatarias de energía, la condiciones a cumplir para garantizar el suministro a usuarios electrodependientes, desde el Ejecutivo fueguino se informó que en Tierra del Fuego se continuarán brindando los beneficios a este sector vulnerable sin modificaciones.
En la actualidad, son 69 las personas inscriptas en el registro provincial de pacientes electrodependientes creado en 2019.
Para dar cumplimiento a la ley provincial que adhirió a la ley nacional 27.351 (electrodependientes), el Gobierno Provincial adquirió equipos especiales fabricados por la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, los cuales garantizan el suministro eléctrico a las viviendas, aún en caso de corte del servicio regular.
Previo a la instalación de esos equipos, la Dirección Provincial de Energía y la Cooperativa Eléctrica realizaron la inspección en todas las viviendas, y a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se realizaron los trabajos de adecuación necesarios en aquellos casos en que no se cumplían las condiciones de seguridad y calidad.
Luego se procedió a la instalación de los aparatos que garantizan a cada familia con un paciente electrodependiente la continuidad del servicio sin cortes. Además, se decidió brindar el servicio de energía eléctrica de manera gratuita a este sector vulnerable de la comunidad fueguina.
Al momento ya se han instalado 49 equipos en Río Grande, 16 en Ushuaia y 4 en Tolhuin en domicilios en lo que habitan personas que por cuestiones de salud requieren de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento médico para mantener su vida. En general son pacientes que se encuentran en internación domiciliaria, por lo que es necesario adecuar esas viviendas a las necesidades particulares de esta condición.
El registro de pacientes electrodependientes tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la provincia, en tanto que el Ministerio de Energía actúa como órgano de contralor de las empresas distribuidoras del servicio.
