ás de 2.000 personas reciben actualmente asistencia del Gobierno a través del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Así lo confirmó la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, al presentar datos oficiales que detallan el alcance y el impacto económico de esta política social.
En total, 2.086 personas integran el padrón de beneficiarios, de los cuales 2.006 lo hacen por discapacidad y 71 por vejez. Durante el último mes, el Ejecutivo provincial destinó alrededor de $1.100 millones de pesos para el pago de pensiones por discapacidad y $38 millones para los beneficiarios por vejez.
Del universo total, 998 personas cuentan con cobertura médica a través de la OSEF. Esta prestación está garantizada por la normativa vigente para aquellos beneficiarios que no disponen de otra cobertura médica, ya sea propia, familiar o por tutor legal.
Chapperón señaló que la inversión en salud para este sector es significativa. En el primer semestre de 2025, el gasto en prestaciones médicas para afiliados con discapacidad a la OSEF alcanzó los $2.650 millones, lo que representa un promedio mensual de $450 mil por beneficiario. La cifra no contempla los costos adicionales de acompañantes terapéuticos, que representan un refuerzo esencial para la atención y el cuidado de muchas personas con discapacidad.
La funcionaria indicó que desde la cartera a su cargo se lleva adelante una revisión de casos para detectar posibles incumplimientos de la normativa vigente en la asignación de estos beneficios. Explicó que en todos los casos en los que se detectan irregularidades, se inicia un análisis detallado y, de ser necesario, se notifica al beneficiario para que regularice su situación antes de proceder a la suspensión o caducidad del beneficio, tal como lo establece la ley. “No se trata solo de asistir, sino también de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y cumplen con los requisitos”, sostuvo Chapperón.
De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficial, entre marzo y julio se dieron de baja más de 40 pensiones por discapacidad, de los cuales 15 fueron por fallecimiento y otros 30 por diversas situaciones, tales como personas que ya no residen en la provincia desde hace más de tres meses sin justificación; no haber declarado otros ingresos, como jubilaciones, pensiones o empleo en relación de dependencia, o presentar certificados médicos que acreditan un grado de discapacidad inferior al 66% (requisito mínimo para acceder al beneficio). En algunos casos, los interesados presentaban porcentajes de incapacidad laboral que no superaban el 20%, por lo que se dispuso el inicio de las gestiones tendientes al reintegro de las sumas que hubieren sido percibidas indebidamente por el beneficiario. Es de suponer que también se buscará determinar la responsabilidad funcional, y de corresponder patrimonial, del agente o funcionario que otorgó una prestación social a quien no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio.
El informe presentado también incluyó una comparación histórica del monto de las pensiones por discapacidad. En 2019, el beneficio mensual se ubicaba en $204 mil pesos, mientras que en la actualidad supera los $540 mil, lo que representa un incremento significativo en términos nominales y refleja el esfuerzo presupuestario del Estado provincial para sostener el nivel de asistencia.
Desde el Ministerio se destacó que el RUPE es una herramienta clave para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, remarcaron que el trabajo conjunto entre el área de Bienestar Ciudadano y la obra social OSEF permite brindar una cobertura integral que abarca tanto el aspecto económico como el acceso a la salud, en un contexto de aumento sostenido de los costos médicos y de los insumos necesarios para tratamientos y cuidados especiales.
Finalmente, Chapperón subrayó que el compromiso del Gobierno provincial es “mantener y fortalecer las políticas de asistencia, pero también velar por la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, garantizando que cada peso invertido llegue efectivamente a quienes más lo necesitan”.
