ierra del Fuego ocupa un lugar destacado en los rankings fiscales del país. Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia aparece en el tercer puesto nacional en recaudación impositiva propia por habitante, detrás de la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Esta posición refleja una economía de ingreso alto y sectores estratégicos, pero también plantea desafíos complejos.
Con apenas el 0,4 % de la población del país y menos del 1 % de su producción total, la provincia más austral concentra recursos significativos para su escala, pero enfrenta límites estructurales. El pequeño tamaño poblacional y la dispersión geográfica encarecen la provisión de servicios públicos, y la baja densidad afecta las economías de escala.
Además, el modelo productivo fueguino depende de factores sensibles: el turismo, el régimen industrial promocionado, las regalías y sectores específicos como la pesca o la acuicultura. Cualquier alteración en el contexto nacional —como la caída de demanda, modificaciones legislativas o recortes presupuestarios— puede generar impactos inmediatos. Esa vulnerabilidad, sumada a las condiciones extremas del territorio, exige planificación de largo plazo y diversificación económica.
A pesar de los indicadores altos de recaudación e ingreso per cápita, persisten desigualdades internas y tensiones en la distribución del bienestar. Los especialistas advierten que los recursos fiscales deben traducirse en inversión sostenida, acceso equitativo y políticas públicas que reduzcan brechas sociales dentro del territorio. La autonomía fiscal, aunque creciente, no exime a la provincia de articular con el Estado nacional para sostener infraestructura, logística y conectividad.
En paralelo, el informe del IARAF expone la magnitud de la desigualdad interprovincial: en 2024, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recaudó 14 veces más por habitante que Santiago del Estero. Las provincias del norte argentino continúan rezagadas en términos de ingresos propios y condiciones fiscales, lo que evidencia una fractura persistente en el esquema federal.
Esta situación reaviva discusiones históricas sobre la equidad en la distribución de recursos y los mecanismos de compensación entre jurisdicciones. ¿Cómo evitar que las provincias con menores ingresos por habitante queden estructuralmente rezagadas? ¿Qué instrumentos debe fortalecer la Nación para garantizar un desarrollo más armónico entre regiones?
En ese contexto, el caso de Tierra del Fuego interpela tanto al gobierno provincial como al sistema federal. La combinación de ingresos altos y desafíos estructurales obliga a pensar estrategias de inversión inteligente, fortalecimiento institucional y crecimiento inclusivo. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas del reparto fiscal para garantizar que ninguna provincia quede atrás.
