uego de la reciente modificación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Gobierno nacional salió a aclarar que “no hay ningún impedimento” para que empresas argentinas investigadas en causas de corrupción puedan ser contratistas del Estado. La precisión oficial buscó despejar dudas surgidas a partir de los cambios normativos publicados esta semana en el Boletín Oficial.
La confusión se originó cuando la Casa Rosada amplió los criterios de exclusión en la contratación pública, incorporando restricciones para firmas vinculadas a conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas. En ese contexto, surgieron interrogantes sobre el alcance real de la medida y su eventual impacto sobre compañías investigadas en causas judiciales de alto perfil.
Sin embargo, desde el Gobierno fueron categóricos al respecto. “No hay ningún impedimento”, señalaron fuentes oficiales en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que aclararon que la exclusión alcanza únicamente a aquellas empresas que hayan sido sancionadas por organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En este marco, volvió a tomar relevancia la causa conocida como “Cuadernos”, a partir de las licitaciones vinculadas a los corredores viales de las rutas nacionales 12 y 14, integrantes de la denominada “Ruta del Mercosur”. Entre las firmas relacionadas con esa investigación judicial aparece Autovía Construcciones, perteneciente al grupo José Cartellone, que participa del Tramo Conexión que incluye el puente Rosario-Victoria, donde está prevista la instalación de un nuevo peaje.
Ahora bien, la nueva normativa no excluye de manera automática a empresas investigadas o imputadas en causas locales, sino que focaliza en aquellas que figuren en los listados de inhabilitados de los bancos multilaterales de desarrollo. De acuerdo con el decreto, estas firmas no podrán participar en procedimientos de contratación o concesión de obras públicas, ni en la provisión de bienes o servicios dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional.
Según explica el propio texto oficial, la decisión apunta a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, al reconocer que la normativa anterior presentaba “impedimentos operativos” que dificultaban su correcta aplicación. Hasta ahora, la exclusión de una empresa se limitaba a casos específicos de corrupción, como el cohecho transnacional, en línea con la Convención de la OCDE.
No obstante, el decreto señala que los listados del BM y del BID no detallan la causa exacta de cada sanción, lo que obligaba a los organismos contratantes a realizar verificaciones imposibles para determinar si se trataba de hechos de corrupción. Esta situación, según el Gobierno, terminaba obstaculizando la exclusión efectiva de empresas con antecedentes de irregularidades.
A partir de la nueva disposición, el criterio se simplifica: toda persona humana o jurídica incluida en los registros de inhabilitados del Banco Mundial o del BID quedará automáticamente excluida de cualquier licitación mientras dure esa condición. La inhabilitación alcanzará prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, casos de apropiación indebida y cualquier otra causal que haya motivado la sanción.
Finalmente, el decreto establece que la medida comenzará a regir a los 15 días corridos desde su publicación y se aplicará a todos los procedimientos de selección que se autoricen o convoquen a partir de ese momento. Así, mientras el Gobierno busca mostrar un endurecimiento en los mecanismos de control, deja en claro que las investigaciones judiciales locales, como la causa Cuadernos, no constituyen por sí solas un obstáculo para que las empresas accedan a concesiones del Estado.
