a Laguna Esmeralda se ha convertido, en pocos años, en uno de los destinos más emblemáticos de Ushuaia. Su atractivo natural —el bosque fueguino, las turberas, el espejo de agua enmarcado por montañas— la transformó en una postal global. Pero esa misma popularidad expone hoy una verdad incómoda: el crecimiento desordenado y la presión turística amenazan con degradar aquello que precisamente se busca disfrutar. En este contexto, insistir en que la sola intervención estatal puede resolver el problema resulta, a todas luces, insuficiente.
En primer lugar, Tierra del Fuego no parte de cero en materia de protección ambiental. Por el contrario, ya cuenta con un vasto Parque Nacional que resguarda una porción significativa de su territorio y constituye una referencia en gestión. Asimismo, la provincia tiene bajo su órbita reservas estratégicas como Playa Larga, Corazón de la Isla y Península Mitre. Es decir, el Estado —nacional y provincial— ya administra extensiones considerables, con los desafíos presupuestarios, logísticos y técnicos que ello implica. Por lo tanto, pretender que pueda afrontar en soledad la complejidad creciente de sitios de altísima afluencia como Laguna Esmeralda es desconocer las limitaciones reales de recursos, control y planificación.
Ahora bien, la discusión no debería plantearse en términos ideológicos, sino prácticos. La gestión efectiva en el siglo XXI exige esquemas de gobernanza más amplios, donde el sector público establezca reglas claras, estándares ambientales estrictos y mecanismos de control, pero convoque a actores privados con experiencia probada para la gestión operativa. Especialmente en territorios boscosos y frágiles como los fueguinos, donde el manejo de senderos, la mitigación del impacto en turberas, el ordenamiento del flujo turístico y la educación ambiental requieren conocimiento técnico específico y capacidad de inversión sostenida.
En este sentido, existen en Tierra del Fuego actores privados con trayectoria en el manejo responsable de zonas boscosas y con experiencia comprobada en el turismo local sostenible. Empresas y organizaciones que han demostrado que es posible compatibilizar protección con uso público, con estándares de calidad y con generación de empleo. Por consiguiente, excluirlos por prejuicio sería desperdiciar capital humano, técnico y financiero que podría fortalecer —no reemplazar— el rol del Estado.
De hecho, la acción público-privada no implica renunciar a la soberanía ni a la tutela ambiental. Por el contrario, implica asumir que la gestión es una tarea colectiva. El Estado debe fijar el marco, auditar, sancionar desvíos y garantizar el interés general. El privado, a su vez, aportar eficiencia, innovación, inversión y profesionalización en la gestión cotidiana. Cuando ambos sectores trabajan con objetivos alineados y reglas transparentes, el resultado no es mercantilización, sino sostenibilidad.
Finalmente, Laguna Esmeralda necesita planificación integral: infraestructura adecuada, control de accesos, mantenimiento permanente de senderos, manejo de residuos, monitoreo ambiental y educación del visitante. Todo ello demanda recursos y especialización. En definitiva, no actuar —o hacerlo de manera fragmentada— tiene un costo ambiental que luego es mucho más caro revertir.
Tierra del Fuego ya es un símbolo mundial de naturaleza prístina. Por eso, para que siga siéndolo, es indispensable abandonar miradas reduccionistas. La protección efectiva de espacios como Laguna Esmeralda no se logra con declaraciones ni con voluntarismo estatal aislado. Se logra, en cambio, con alianzas estratégicas, con actores privados de sólida experiencia en el manejo de bosques y turismo responsable, trabajando bajo una conducción pública firme y transparente.
Porque conservar no es inmovilizar: es gestionar con inteligencia, profesionalismo y visión de futuro.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
