a modernización del Estado se ha convertido en una de las consignas favoritas del discurso político fueguino. La enuncian autoridades provinciales y municipales, la repiten legisladores y concejales, aparece en planes de gobierno y en presentaciones institucionales. Modernizar, simplificar, digitalizar, agilizar: palabras que suenan bien, que prometen eficiencia y cercanía con el ciudadano. Sin embargo, cuando se abandona el terreno del discurso y se pisa el suelo concreto de las oficinas públicas, la distancia entre la narrativa y la realidad se vuelve evidente.
En primer lugar, es necesario señalar una contradicción estructural: mientras se habla de simplificación administrativa, los ciudadanos y las empresas continúan enfrentándose a procedimientos largos, redundantes y profundamente analógicos. Formularios que deben presentarse en papel, trámites que exigen presencia física en múltiples dependencias, sellos, firmas y copias que parecen pertenecer a otra época. La promesa de la modernización convive, paradójicamente, con un ecosistema burocrático que reproduce prácticas de hace décadas.
A su vez, la comparación con el sector privado resulta inevitable. Los bancos, por ejemplo, han logrado en los últimos años una digitalización prácticamente total de sus operaciones. Hoy es posible abrir una cuenta, solicitar un préstamo, pagar servicios o realizar inversiones desde el teléfono celular en cuestión de minutos. En Tierra del Fuego, cualquier usuario puede gestionar operaciones complejas con su banco sin pisar una sucursal. El contraste con el Estado es elocuente: allí donde el sistema financiero avanzó hacia plataformas ágiles y digitales, buena parte de la administración pública continúa atrapada en lógicas administrativas del siglo pasado.
En ese marco, algunos ejemplos cotidianos exponen con crudeza la distancia entre el discurso y la práctica. El sistema de estacionamiento medido en Ushuaia parece detenido en otra era: controladores que colocan papeles sobre los parabrisas y un sistema de pago que continúa limitado al dinero en efectivo. En tiempos en que cualquier aplicación permite pagar servicios o estacionamiento en las principales ciudades del mundo, la escena resulta casi anacrónica.
Del mismo modo, los procedimientos de facturación hacia el Estado provincial mantienen exigencias administrativas que remiten a otra década. Empresas y proveedores deben atravesar circuitos burocráticos extensos, con presentaciones físicas, verificaciones manuales y procesos que podrían resolverse en minutos si existiera una verdadera infraestructura digital pública. Lo que debería ser un sistema ágil y transparente termina convirtiéndose en un recorrido tortuoso que consume tiempo, recursos y paciencia.
Asimismo, la falta de modernización no sólo se expresa en los trámites administrativos, sino también en el funcionamiento institucional. En una época donde la tecnología permite transmitir en vivo cualquier actividad pública, las sesiones del Consejo de la Magistratura no son televisadas y muchas comisiones de la Legislatura y de los Concejos Deliberantes continúan funcionando lejos de la mirada ciudadana. La falta de transparencia parece resistirse a desaparecer, aun cuando las herramientas para garantizarla están literalmente al alcance de un botón.
Por lo tanto, la modernización pública tarda en llegar o, en muchos casos, simplemente no llega. Mientras tanto, el discurso continúa circulando con entusiasmo. Se habla de “Estado inteligente”, de “transformación digital”, de “gestión moderna”. Sin embargo, puertas adentro, el aparato estatal sigue funcionando en modo analógico, con procedimientos que recuerdan más al medioevo administrativo que a la era digital. Por caso, la Inspección General de Justicia (IGJ) y determinadas áreas de compras y contrataciones somete a los usuarios a trámites obsoletos e ineficientes. Volver a certificar lo ya certificado o presentar documentación que cuenta otra dependencia provincial o municipal es tan solo un ejemplo del relato de la modernización.
Finalmente, conviene decirlo sin rodeos: la modernización del Estado se ha vuelto políticamente correcta. Queda bien mencionarla en discursos, incluirla en programas de gobierno o anunciarla en conferencias y presentaciones. Pero modernizar de verdad implica invertir en sistemas, rediseñar procesos, transparentar instituciones y abandonar prácticas burocráticas que sobreviven por inercia. Mientras eso no ocurra, la modernización seguirá siendo más un eslogan que una política pública. Y el Estado, pese a todas las promesas, continuará atrapado en su cómodo y obstinado modo analógico.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
