l tratamiento de recusaciones y excusaciones vinculadas al pedido de jury contra el juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Löffler fue postergado por el Consejo de la Magistratura y será abordado en la próxima reunión prevista para el 25 de marzo, luego de la presentación de una ampliación de la denuncia que motivó el proceso.
El representante de los abogados de Ushuaia en el organismo, Alejandro Pagano, explicó que durante la última reunión se presentó una ampliación de la denuncia original junto con un planteo de recusación contra el legislador Jorge Lechman. “Lo que presentó el doctor Petkos fue una ampliación de la denuncia que había presentado en su momento, que es la que dio lugar al pedido de jury, y en el marco de esa presentación presentó una recusación contra el legislador Lechman”, señaló.
La documentación fue puesta en conocimiento de los consejeros durante el encuentro, por lo que se resolvió diferir su análisis para permitir una evaluación más detallada del planteo. “La presentación tiene varias páginas y hay que estudiarla con detenimiento para que cada consejero forme su criterio y su opinión”, explicó.
Según indicó Pagano, en la próxima sesión se analizarán de manera conjunta la recusación contra el legislador Lechman y las excusaciones presentadas por el fiscal de Estado y por la jueza del Superior Tribunal Miriam Cristiano. “En la próxima reunión, que es el 25 de marzo, se va a tratar esa ampliación de denuncia con la recusación y también las excusaciones del fiscal de Estado y de la doctora Cristiano”, afirmó.
El abogado señaló que la decisión de abordar todos los planteos en una misma instancia responde a la necesidad de mantener un orden procesal dentro del organismo. “Es necesario tratarlas todas juntas por una cuestión de orden, porque si se hiciera lugar a la recusación de Lechman después habría que ver si puede votar en las otras excusaciones”, sostuvo.
Uno de los planteos corresponde al fiscal de Estado, quien solicitó apartarse del tratamiento del pedido de jury al considerar que podría existir un conflicto de intereses vinculado con la causa judicial sobre la reforma constitucional. “El fiscal de Estado ya se había excusado en la causa de inconstitucionalidad vinculada con la reforma constitucional porque se trata de un conflicto entre poderes del Estado”, indicó.
Pagano explicó que el fundamento central del planteo se vincula con evitar interpretaciones que puedan afectar la imparcialidad del proceso. “El fiscal de Estado sostiene que podría ser considerado una parte interesada porque en la Convención Constituyente se discutirían cuestiones vinculadas con los organismos de control”, señaló.
En ese sentido, el consejero indicó que el objetivo de la excusación es preservar la confianza pública en las decisiones institucionales. “Si emite una opinión sobre lo que hizo o no hizo el doctor Löffler en ese contexto, podría interpretarse que está tomando una posición en relación con la reforma”, afirmó.
La jueza del Superior Tribunal Miriam Cristiano también presentó una excusación para intervenir en el análisis del pedido de enjuiciamiento contra el magistrado. El argumento se vincula con la relación institucional que mantiene con el juez cuestionado dentro del mismo tribunal.
El consejero sostuvo que la magistrada considera que su participación podría generar interpretaciones sobre la imparcialidad del proceso. “Si interviene y opina sobre la procedencia o improcedencia del jury, algunos podrían interpretar que lo beneficia o que lo perjudica”, señaló.
La normativa vigente contempla este tipo de situaciones dentro de las causales de excusación previstas para los integrantes del Consejo de la Magistratura. “Entre las causales previstas está la de evitar situaciones que puedan debilitar la confianza pública en la administración de justicia”, indicó.
Durante la reunión también surgieron planteos vinculados con el funcionamiento institucional del organismo y la necesidad de revisar el marco normativo que regula su actividad.Pagano adelantó que trabaja en una propuesta de reforma destinada a modificar parte de esa legislación. “Estoy trabajando en un proyecto de reforma de la ley 525, de la ley 8 y de los reglamentos internos para mejorar el funcionamiento del Consejo”, afirmó.
El abogado consideró que el esquema actual otorga amplios márgenes de discrecionalidad a los integrantes del organismo. “La ley 525 es ampliamente discrecional para el Consejo de la Magistratura y en esa discrecionalidad también se pueden generar arbitrariedades”, sostuvo.
Según indicó, una eventual modificación normativa podría contribuir a fortalecer la transparencia institucional y mejorar la confianza pública en el funcionamiento del organismo. “Si logramos reducir esa discrecionalidad y establecer reglas más claras, vamos a fortalecer la transparencia y la confianza pública”, señaló.
Además de estos planteos, en la próxima reunión se deberán definir cargos internos dentro del organismo, entre ellos la vicepresidencia y la secretaría del Consejo de la Magistratura.
Pagano también planteó la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, entre ellas el cargo de juez en Tolhuin que quedó vacante tras la renuncia del magistrado que se desempeñaba en ese juzgado. “Si el Superior Tribunal confirma la aceptación de la renuncia, podremos convocar el concurso para cubrir ese cargo”, explicó.
El consejero señaló que la convocatoria depende de una comunicación formal del Superior Tribunal de Justicia sobre la aceptación de esa renuncia. “La renuncia es de público conocimiento, pero todavía no llegó la comunicación oficial y hasta que no se formalice esa decisión no se puede iniciar el proceso”, indicó.
Mientras tanto, la falta de designaciones definitivas genera una sobrecarga de trabajo en otros magistrados que deben subrogar esos juzgados. “Hoy hay jueces que están subrogando distintos juzgados y eso implica una carga de trabajo importante para el sistema judicial”, concluyó.
