a última sesión del Consejo de la Magistratura dejó una serie de definiciones que expusieron las fuertes disidencias dentro del organismo y, al mismo tiempo, expuso algunas situaciones que podrían perfeccionarse en el funcionamiento interno del organismo. Así lo planteó el fiscal acusador Alejandro Pagano Zavalía, quien describió la reunión como una de las más “complejas” de su gestión, tanto por su extensión como por los temas abordados.
En ese sentido, explicó que el inicio de la jornada estuvo atravesado por algunos desajustes en el orden del día. Uno de los puntos que generó intercambio fue la aparición de una nota de la Asociación de Magistrados que no había sido previamente puesta en conocimiento de todos los consejeros. Según indicó, este tipo de situaciones dificulta el análisis previo de los temas y obliga a tratarlos sobre la marcha.
A partir de allí, se abrió un debate más amplio sobre el ritmo de funcionamiento del Consejo. Pagano hizo referencia a la necesidad de avanzar en cuestiones pendientes, como la designación de jueces que ya han concluido sus concursos. En ese marco, remarcó que estas demoras no solo impactan en la organización interna, sino también en el servicio de justicia. “Detrás de cada expediente hay una persona”, señaló, poniendo el foco en las consecuencias para la ciudadanía.
Asimismo, mencionó el caso del juzgado de Tolhuin, donde el proceso para abrir el concurso tras la renuncia de su titular se extendió más de lo previsto. Esta situación también formó parte de los intercambios dentro de la sesión.
Luego, el Consejo avanzó con la designación de sus autoridades, un punto que permitió ordenar parcialmente el desarrollo del encuentro. Sin embargo, gran parte de la atención estuvo centrada en los pedidos de jury en trámite.
Sobre ese aspecto, Pagano aclaró que no participó de las votaciones, en virtud de su rol como fiscal acusador dentro de los procesos. “Yo soy parte en los procesos de jury, por eso no intervengo en esas decisiones”, explicó.
En relación con los expedientes analizados, confirmó que los pedidos de enjuiciamiento fueron finalmente desestimados. No obstante, del análisis del acta de la última sesión del Consejo se puede observar que se reflejó con mayor detalle particular el cierre del pedido de destitución contra el cortesano Ernesto Löffler, lo que dificulta una lectura integral de lo ocurrido y expone serias deficiencias en la claridad de la sesión y los criterios para registrar el desarrollo del último encuentro del Consejo de la Magistratura.
En paralelo, el consejero también se refirió a ciertos aspectos normativos. Señaló que el reglamento vigente presenta márgenes de interpretación en algunos puntos procedimentales, como el tratamiento de excusaciones y recusaciones, lo que en esta ocasión derivó en un intercambio entre los miembros del cuerpo.
Nuevo pedido de destitución contra el Juez Löffler
En ese contexto, confirmó además el ingreso de un nuevo pedido de jury contra el juez Ernesto Löffler. Sobre esta presentación, indicó que aún debe ser analizada en detalle antes de emitir una opinión, ya que corresponde elaborar el informe técnico previsto en el procedimiento.
“Primero hay que leer la denuncia y después hacer la valoración”, explicó, en referencia al mecanismo que sigue el Consejo en estos casos.
Por otro lado, reconoció que algunos aspectos del debate y del sentido de las votaciones no quedaron completamente explicitados en el acta, lo que puede requerir una lectura más atenta para reconstruir lo sucedido. Incluso, señaló que esta cuestión fue advertida durante la propia sesión.
Incluso, según pudo reconstruir este medio, el nuevo pedido de jury se tramitará a pesar de los planteos de los legisladores Jorge Lechman y Victoria Vuoto (ambos solicitaron su rechazo inlimine), mientras que resolvieron continuar su tramitación el abogado Marcelo Castelli, el Fiscal Virgilio Martinez de Sucre, el Ministro Jorge Canals y la jueza Edith Cristiano.
Finalmente, Pagano destacó la importancia de poder brindar explicaciones públicas sobre el funcionamiento del organismo. En ese sentido, consideró que una mayor claridad en la comunicación institucional puede contribuir a mejorar la comprensión de los procesos que se desarrollan en el Consejo.
