ara mejorar la capacidad de respuesta frente al aumento de la demanda de atención por padecimientos mentales y consumos problemáticos, a través de inversiones en infraestructura, recursos humanos y nuevos dispositivos de atención, el legislador Matías Lapadula presentó un proyecto de ley que propone crear un Fondo Provincial de Salud Mental destinado a fortalecer el sistema público mediante un mecanismo de financiamiento permanente.
La principal fuente de aportes será un incremento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a actividades consideradas vinculadas a factores de riesgo para la salud, para lo cual se establece un adicional del 4% sobre las alícuotas vigentes para la comercialización mayorista y minorista de cigarrillos, tabaco, vapeadores y cigarrillos electrónicos, otro 4% para la venta de bebidas alcohólicas y un adicional del 6% sobre las actividades vinculadas a casinos, juegos de azar y apuestas, tanto presenciales como en línea.
Como excepción, las bebidas alcohólicas elaboradas de manera local o artesanal en Tierra del Fuego no estarán alcanzadas por el incremento durante los primeros cinco años de vigencia de la ley, con el objetivo de no afectar a los pequeños productores de la provincia.
La propuesta sostiene que Tierra del Fuego enfrenta un crecimiento sostenido de las consultas relacionadas con ansiedad, depresión, consumos problemáticos y otras problemáticas de salud mental, mientras que la capacidad del sistema sanitario resulta insuficiente para responder a esa demanda.
Entre los principales objetivos figura la implementación progresiva de guardias activas de salud mental durante las 24 horas en los hospitales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, además de un plan plurianual para incrementar la cantidad de camas y dispositivos de internación destinados a personas que requieran tratamientos especializados.
El proyecto también prevé fortalecer los programas de prevención, asistencia, rehabilitación e inclusión social con un enfoque comunitario, ampliando el trabajo que actualmente realizan hospitales, centros de atención primaria y dispositivos municipales.
Para financiar esas políticas, la iniciativa crea un Fondo Provincial de Salud Mental con afectación específica. Los recursos no podrán destinarse a otros fines y deberán invertirse exclusivamente en programas, infraestructura, equipamiento, incorporación y capacitación de profesionales, ampliación de servicios y acciones de prevención.
La iniciativa dispone además que el Ministerio de Salud distribuya los recursos del fondo con criterios objetivos, priorizando la demanda asistencial, la población atendida y el nivel de criticidad de cada jurisdicción. Los municipios que cuenten con servicios de salud mental podrán presentar proyectos para obtener financiamiento y recibirán las transferencias de manera automática, conforme establezca la reglamentación.
Otro de los cambios previstos es la incorporación de representantes de los municipios a la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones, organismo que pasará a desempeñar un rol consultivo permanente en la definición de prioridades, el seguimiento y la evaluación de las políticas financiadas con el nuevo fondo.
En los fundamentos del proyecto, Lapadula sostiene que la salud mental constituye un componente esencial del derecho a la salud y que invertir en este ámbito permite prevenir situaciones de exclusión, reducir costos sociales y mejorar la calidad de vida de la población. También señala que la provincia ya cuenta con un marco normativo importante en la materia, como la adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, las leyes de prevención del suicidio y la creación de la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones, aunque considera necesario incorporar una herramienta financiera permanente que garantice la continuidad y expansión de esas políticas públicas.
