l discurso presidencial por el aniversario de la Independencia en Tucumán construye una idea potente: la necesidad de una “segunda Independencia” orientada a liberar a las provincias del peso del Estado nacional. Con razón Milei afirma que, durante demasiado tiempo, la Nación les falló a las jurisdicciones del interior, impidió su desarrollo y las sometió a un esquema político, fiscal y productivo que limitó su autonomía. La promesa formualda es ambiciosa: avanzar hacia un “federalismo verdadero, genuino e independiente del poder nacional” y reparar injusticias estructurales que habrían condicionado el crecimiento provincial.
La alocución del Presidente Milei invoca una nueva etapa de autonomía provincial y promete reparar injusticias estructurales. Pero esa idea de “federalismo verdadero” choca con una práctica política que transfiere costos, retira al Estado nacional de responsabilidades básicas y, en casos como Tierra del Fuego, adopta decisiones que afectan intereses estratégicos sin diálogo institucional.
El problema no está en la formulación del objetivo. Pocas ideas resultan tan necesarias en la Argentina como discutir seriamente el federalismo. El problema aparece cuando el relato se mide contra la realidad. Porque un federalismo auténtico no se construye solamente reduciendo transferencias, eliminando programas, paralizando obras o trasladando responsabilidades a las provincias sin recursos equivalentes. Tampoco se construye invocando la autonomía local mientras las decisiones estratégicas siguen siendo adoptadas desde el centro político y administrativo del país.
La contradicción es evidente. El Gobierno nacional presenta como reparación histórica lo que, en la práctica, muchas veces opera como retiro del Estado. Confunde descentralización con abandono. Una cosa es liberar capacidades productivas provinciales; otra, dejar a las provincias libradas a su suerte frente a obligaciones que exceden claramente sus presupuestos, su infraestructura y su margen financiero. El federalismo no consiste en que la Nación se desentienda de sus responsabilidades, sino en que las ejerza con criterio territorial, diálogo político y sentido de integración nacional.
El caso de la obra pública básica es quizás el ejemplo más contundente. En un país extenso, desigual y profundamente dependiente de su conectividad terrestre, las rutas nacionales no son un lujo administrativo ni una concesión discrecional del Gobierno central. Son infraestructura de integración, circulación, seguridad, comercio y soberanía. Para muchas provincias, y especialmente para las más alejadas de los grandes centros de consumo y decisión, una ruta nacional es mucho más que asfalto: es la única vía concreta de comunicación, abastecimiento e intercambio de bienes. Abandonar su mantenimiento o paralizar su desarrollo no fortalece el federalismo; lo vacía de contenido.
En Tierra del Fuego, esa distancia entre discurso y práctica se vuelve todavía más sensible. La provincia depende de condiciones específicas de conectividad, logística, promoción económica y presencia estatal para compensar una realidad geográfica singular. No se trata de privilegios sino de instrumentos históricos de integración nacional. Por eso, cualquier medida que afecte el subrégimen de promoción industrial no puede leerse solo como una decisión económica sectorial. Tiene impacto territorial, laboral, demográfico y estratégico. Debilitar ese esquema sin una política alternativa equivale a erosionar una de las herramientas que permitieron poblar, industrializar y sostener actividad productiva en el extremo sur del país.
La misma tensión aparece en la intervención del Puerto de Ushuaia. Resulta difícil sostener una defensa enfática del federalismo mientras se permite la continuidad de una intervención nacional sobre una infraestructura clave para la provincia. El puerto no es apenas una terminal operativa: es una pieza central de la economía fueguina, del turismo, de la logística antártica, de la proyección marítima y de la soberanía en el Atlántico Sur. Mantener una intervención cuestionada, sin resolver políticamente el conflicto ni restituir plenamente la normalidad institucional, contradice cualquier declamación de autonomía provincial.
También merece atención la pretensión de enajenar terrenos nacionales ubicados en zonas estratégicas. Que esos inmuebles pertenezcan formalmente al Estado nacional no agota la discusión. Si se trata de tierras sin uso efectivo desde hace años, ubicadas en áreas relevantes para el desarrollo urbano, portuario, productivo o institucional, lo razonable en un esquema federal sería abrir una instancia previa de diálogo con la provincia y los municipios. El criterio patrimonialista —vender porque pertenece a la Nación— desconoce que esos bienes están implantados en territorios concretos, con necesidades concretas y con comunidades que podrían requerirlos para políticas públicas locales.
Allí está el núcleo del problema: el Gobierno habla de devolver herramientas, pero muchas de sus decisiones parecen retirarlas. Habla de liberar a las provincias, pero define unilateralmente cuestiones que afectan su infraestructura, su producción, sus recursos y su planificación. Habla de terminar con un modelo extorsivo, pero reemplaza la dependencia política por una intemperie fiscal y administrativa que puede ser igual de condicionante.
Un federalismo genuino exige algo más complejo que reducir el tamaño del Estado nacional. Requiere distinguir entre gasto improductivo e inversión estratégica; entre centralismo burocrático y presencia estatal necesaria; entre autonomía provincial y abandono presupuestario. La Argentina no será más federal porque la Nación se retire, sino porque coordine mejor, distribuya mejor responsabilidades y respete la voz de las provincias en las decisiones que afectan su destino.
El discurso de Tucumán acierta al señalar que el país arrastra una deuda histórica con sus provincias. Pero esa deuda no se cancela con una épica de independencia declamada desde el poder central. Se cancela con rutas transitables, puertos institucionalmente normalizados, regímenes productivos defendidos con inteligencia, tierras estratégicas puestas al servicio del desarrollo territorial y mecanismos de diálogo real antes de tomar decisiones irreversibles.
La diferencia entre relato y realidad, en este punto, es demasiado grande para pasar inadvertida. Si el federalismo se reduce a que cada provincia resuelva sola lo que la Nación abandona, no estamos ante una nueva independencia. Estamos ante una forma más sofisticada de desentendimiento. Y para Tierra del Fuego, como para tantas provincias alejadas del centro, ese desentendimiento no es una abstracción ideológica: se mide en rutas, empleos, puertos, tierras, conectividad y futuro.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
