partir del incremento registrado en los últimos años de la presencia de ballenas, orcas, delfines y otros mamíferos marinos en la zona de la Bahia de Ushuaia y el Canal Beagle, se presentó a la Legislatura un proyecto de particulares que propone crear el "Régimen Provincial para la Protección de Cetáceos y el Avistaje Responsable en la Bahía Ushuaia y el Canal Beagle", con el objetivo de establecer por primera vez un marco legal específico para la conservación de estas especies y la regulación de las actividades vinculadas a su observación.
El autor de la iniciativa, el ex Vicegobernador Arcando, sostiene que actualmente existe un vacío normativo en la provincia respecto de estas actividades y plantea la necesidad de anticiparse al crecimiento del avistaje para evitar impactos negativos sobre las especies y garantizar un desarrollo ordenado de la actividad turística.
Entre los argumentos se destaca que experiencias internacionales demuestran que la ausencia de regulaciones puede derivar en un aumento del estrés de los animales por el exceso de embarcaciones, el ruido submarino, las aproximaciones indebidas y la alteración de sus comportamientos naturales.
El proyecto toma como antecedentes el modelo de observación de ballenas desarrollado en Península Valdés, en la provincia de Chubut, y la normativa vigente en Chile, particularmente en la Región de Magallanes y el Parque Marino Francisco Coloane, donde existen protocolos específicos para el monitoreo y el avistaje responsable de cetáceos.
La propuesta establece como objetivo la protección, conservación y manejo sustentable de los cetáceos presentes en la Bahía Ushuaia y el Canal Beagle, regulando las actividades de observación turística, investigación científica y navegación en aguas bajo jurisdicción provincial.
Entre las principales disposiciones se prohíben acciones que puedan alterar el comportamiento natural de los animales, como perseguirlos, acosarlos, alimentarlos, capturarlos, herirlos o separar a las madres de sus crías.
Además, prevé que la autoridad de aplicación establezca mediante reglamentación distancias mínimas de aproximación, velocidades máximas de navegación, tiempos de observación y protocolos especiales para proteger a madres con crías, incluyendo la posibilidad de crear zonas de exclusión temporarias o permanentes.
La iniciativa también incorpora por primera vez reglas para el uso de drones, aeronaves y helicópteros durante el avistaje, disponiendo que estas actividades deberán contar con autorización expresa y podrán ser restringidas cuando representen riesgos para el bienestar de los cetáceos.
En materia turística, el proyecto dispone que toda actividad comercial de avistaje deberá contar con autorización provincial y habilita al Poder Ejecutivo a otorgar permisos, licencias o concesiones bajo requisitos técnicos, ambientales y de seguridad. Asimismo, contempla mecanismos para favorecer la participación de operadores radicados en Tierra del Fuego y exige capacitación específica para capitanes, patrones, guías y personal vinculado a la actividad.
Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la investigación científica. Para ello se prevé la creación de un Registro Provincial de Avistajes de Cetáceos y la promoción de convenios con el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), el CONICET, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y otros organismos especializados, con el propósito de generar información que permita orientar las políticas públicas sobre bases científicas.
El proyecto también propone crear un Consejo Asesor para la Conservación de Cetáceos del Canal Beagle, integrado por representantes del Estado, organismos científicos, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, la Cámara de Turismo, prestadores turísticos y organizaciones ambientalistas. Sus recomendaciones tendrán carácter técnico y no vinculante.
Como herramienta de financiamiento, la iniciativa contempla la creación de un Fondo Provincial para la Conservación de Cetáceos, que se integrará con recursos provenientes de permisos, multas, aportes provinciales, donaciones y contribuciones de organismos nacionales e internacionales. Los fondos deberán destinarse a programas de conservación, monitoreo científico, educación ambiental y control de las actividades reguladas.
En los fundamentos, el autor plantea que la protección de los cetáceos no solo constituye una política ambiental, sino también una herramienta para consolidar el turismo sustentable, fortalecer la investigación científica y reafirmar la presencia institucional argentina en un área de relevancia geopolítica como el Canal Beagle y el Atlántico Sur. Asimismo, propone que el tratamiento legislativo incluya la participación de organismos científicos, universidades, fuerzas con competencia marítima, operadores turísticos y organizaciones ambientales, con el fin de alcanzar una norma consensuada y adaptada a las características de la región.
