a Fiscalía de Estado cuestionó con dureza la gestión de la infraestructura escolar de la Provincia al emitir a principios de mes un Dictamen en el que sostiene que las reiteradas suspensiones de clases, evacuaciones y fallas edilicias registradas en establecimientos educativos responden a un problema estructural de administración y no a hechos aislados o imprevisibles.
La investigación comenzó a partir de denuncias por la interrupción de clases en la Escuela Provincial N.º 24 "Juan Ruiz Galán", pero el expediente fue ampliándose hasta abarcar la situación de más de una veintena de instituciones educativas de Ushuaia, luego de presentaciones realizadas por padres y por el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA).
Tras analizar la documentación remitida por el propio Ministerio de Educación, la Fiscalía concluyó que el panorama denunciado quedó acreditado por los informes oficiales y que las deficiencias observadas "no pueden ser atribuidas principalmente a restricciones presupuestarias", sino a "las limitaciones de un modelo reactivo de gestión de la infraestructura edilicia". El dictamen sostiene que la administración provincial viene actuando sobre las consecuencias de los problemas y no sobre sus causas.
Uno de los casos centrales es el de la Escuela N.º 24, donde las clases permanecieron suspendidas durante más de cuarenta días luego de que docentes sufrieran descompensaciones y Camuzzi clausurara preventivamente instalaciones de gas. La Fiscalía remarca que la directora había advertido durante meses sobre olores a combustión y problemas en la calefacción, pero las intervenciones realizadas fueron insuficientes hasta que ocurrió el incidente que motivó la clausura del edificio.
También analiza lo ocurrido en la Escuela N.º 34 "Yak Haruin", donde cuatro alumnos se descompensaron durante un acto escolar y posteriormente debió evacuarse nuevamente el edificio por problemas vinculados a las instalaciones. El organismo sostiene que existían informes técnicos previos que advertían sobre deficiencias que comprometían la seguridad, pero no se adoptaron medidas preventivas antes de la realización del acto.
El dictamen incorpora además antecedentes de numerosos establecimientos con problemas de calefacción, pérdidas de gas, instalaciones eléctricas deficientes, filtraciones, falta de agua caliente, sectores clausurados y reiteradas suspensiones de actividades, entre ellos las escuelas provinciales 1, 22, 30 y 31, los jardines N.º 2, 4, 18 y 19, los colegios Sobral, Los Andes y Marte, además de la Escuela Especial N.º 1.
Para la Fiscalía, la reiteración de estos episodios demuestra la inexistencia de un sistema permanente de mantenimiento preventivo y evidencia que las recomendaciones formuladas por el organismo desde hace más de una década no fueron implementadas. Incluso recuerda que ya en los dictámenes de 2013, 2023 y 2025 había advertido sobre la necesidad de establecer protocolos de relevamiento permanente, monitoreo de suspensiones de clases, mecanismos de comunicación con las familias y sistemas centralizados de seguimiento.
Otro de los aspectos más severos del pronunciamiento es el rechazo a las explicaciones oficiales vinculadas a la falta de presupuesto. La Fiscalía recuerda que durante años estuvieron vigentes leyes de emergencia en infraestructura escolar que habilitaron procedimientos abreviados de contratación y autorizaron miles de millones de pesos para financiar obras, por lo que considera que las deficiencias obedecen a una inadecuada fijación de prioridades y a fallas de planificación administrativa.
El organismo sostiene además que la infraestructura escolar "no puede administrarse como una sucesión de reparaciones aisladas" y advierte que la normalización de la emergencia termina generando mayores costos económicos, administrativos y educativos que una política sistemática de mantenimiento preventivo. También señala que la reiteración de evacuaciones y suspensiones deteriora la confianza de la comunidad educativa y compromete el derecho de los alumnos a recibir educación en condiciones seguras.
Como conclusión, la Fiscalía exhorta al ministro de Educación a elaborar y elevar al gobernador un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar con inspecciones periódicas, seguimiento documentado de las intervenciones y participación de directivos y comunidad educativa.
Asimismo, solicita al gobernador revisar integralmente la actuación de las áreas y funcionarios responsables para determinar si existieron incumplimientos de los deberes de prevención, coordinación, inspección y mantenimiento. También dispone remitir copia de las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que analice un eventual perjuicio fiscal y al Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible existencia de conductas delictivas derivadas de los hechos investigados.
Los costos ocultos de demorar pagos
En un segundo pronunciamiento, la Fiscalía de Estado analizó la falta de pago de certificados correspondientes a la obra de remodelación de la sala de máquinas e instalación de gas del Jardín N.º 13 "Zioshi" de Tolhuin.
El organismo concluye que la obra se encuentra ejecutada, incorporada al patrimonio público y con recepción provisoria realizada en julio de 2025, pero cuestiona que la Administración continúe demorando el pago de los certificados de obra.
La Fiscalía considera jurídicamente inadmisible que el Estado invoque falta de crédito presupuestario para incumplir obligaciones ya reconocidas, y sostiene que las observaciones técnicas formuladas sobre algunos certificados tampoco justifican la retención total de los pagos cuando parte de los trabajos fueron aceptados y las supuestas observaciones habrían sido subsanadas por la empresa contratista.
El dictamen advierte que este tipo de prácticas perjudica la seguridad jurídica de las contrataciones públicas, desalienta la participación de empresas en futuras licitaciones, incrementa los costos de las obras y favorece la judicialización de los conflictos.
En consecuencia, exhorta al Ministerio de Educación a regularizar de inmediato la situación, aprobar los certificados que correspondan y efectuar los pagos pendientes, advirtiendo que la persistencia de demoras sin fundamento jurídico suficiente podría generar responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso patrimoniales para los funcionarios intervinientes. Además, vincula estas falencias con el mismo esquema de deficiente planificación administrativa identificado en el Dictamen sobre infraestructura escolar.
